“La injusticia hecha a uno solo es una amenaza hecha a todos.”
Montesquieu
“Nada se parece tanto a un abuso de poder como un acto legal mal usado.”
Raymond Aron
En política no existen las coincidencias. Existen los avisos. Y el aviso fue de esos que no requieren subtítulos: Ricardo Salinas Pliego presume en redes su invitación a la cena navideña de Donald Trump en la Casa Blanca y, menos de 24 horas después, el Servicio de Administración Tributaria recuerda —muy oportunamente— que el empresario tiene cuentas pendientes. Pura casualidad, dirán. Claro. Como también fue casual que el SAT no solo anunciara el adeudo, sino que lo hiciera con fecha, monto exacto y hasta promoción incluida.
Según la autoridad fiscal, Salinas Pliego debe 51 mil millones de pesos. Pero si paga en enero, hay premio: un descuento cercano al 40 por ciento. Traducido al español fiscal: 31 mil millones de pesos y borrón y cuenta nueva. El Buen Fin versión Hacienda.
El empresario respondió que sí, que pagará, siempre y cuando el SAT entregue el desglose completo y legal del adeudo. Nada extravagante: quiere saber qué le cobran, por qué se lo cobran y con qué ley. Grupo Salinas habló de certidumbre jurídica, legalidad y de cerrar el capítulo sin confrontación.
Hasta ahí, el intercambio podría parecer normal. El Estado cobra, el contribuyente pide pruebas. Así funciona —o debería funcionar— un país que presume Estado de derecho.
El problema no es Salinas Pliego. El problema es la selectividad.
Porque si el SAT va a cobrar adeudos de hace más de diez años, con reinterpretaciones fiscales creativas y anuncios mediáticos ejemplarizantes, la pregunta es inevitable: ¿por qué solo a unos sí y a otros no?
Si esto es justicia fiscal, entonces no puede ser justicia ideológica. ¿Para cuándo las auditorías a los cercanos al poder? ¿Para cuándo los requerimientos a los políticos que jamás han pagado impuestos por regalías (sí, el IVA se cobra), conferencias, empresas o “donativos”? ¿Va el SAT a revisar los ingresos editoriales de Andrés Manuel López Obrador? ¿Revisará las múltiples fuentes de ingreso y empresas de Adán Augusto López? ¿O al senador trotamundos, rijoso y ahora orgulloso propietario de un caserón, Gerardo Fernández Noroña?
¿Habrá para ellos comunicados oficiales, montos, plazos fatales y descuentos de enero? ¿O, como sospecha cualquiera con dos neuronas fiscales, ni siquiera están en la lista?
Y aquí conviene subrayarlo para los distraídos —y para los militantes de X—: esto no va de defender millonarios. Va de algo mucho más básico y mucho más grave: defender reglas parejas.
Porque cuando el SAT se convierte en un instrumento de presión política, cuando la ley se reinterpreta retroactivamente, cuando los adeudos se inflan según convenga y se anuncian con tono de escarmiento público, el mensaje no es “paga impuestos”. El mensaje es: no te salgas del carril.
Ese mensaje es letal para la inversión, para la confianza y para cualquier empresario —grande, mediano o pequeño— que entienda que mañana puede tocarle, no por incumplir, sino por incomodar.
Y ya que el SAT presume tanto su celo recaudatorio, valdría la pena verlo también en la transparencia del gasto público. Porque cobrar más no sirve de nada si seguimos sin medicinas, con escuelas abandonadas y obras faraónicas que no rinden cuentas. La recaudación sin rendición de cuentas no es justicia fiscal: es saqueo con membrete.
Lo que hoy vemos no es una cruzada moral. Es un aviso político. Y los avisos selectivos nunca fortalecen a un país: lo debilitan.
En una democracia funcional, la regla es sencilla y no admite consignas: o todos coludos, o todos rabones. Pero todos de verdad. No solo los incómodos.
Giro de la Perinola
El SAT no puede ser brazo político.
La ley no puede aplicarse por simpatías.
Y la justicia fiscal no existe si empieza por la venganza.