Tanto se ha hablado antes, durante y después del arribo de Andrés Manuel López Obrador al poder, en el sentido de que se prepara un golpe de Estado, que estando ya aparentemente tan cerca de que se concrete en nuestro país, da la impresión de que, o ya nadie cree que se pueda dar o es tal la ignorancia que no se dimensiona lo que significaría un acto de tal impacto.
Los tentáculos del poder ejecutivo de la nación se mueven perversamente en su afán de desaparecer la división de poderes y reducir a su mínima expresión al judicial y al legislativo, mientras millones de mexicanos no están siquiera enterados del peligro inminente que se avizora.
Y es que lo cierto es que lo que circula de comentarios y opiniones sustentadas, muchas de ellas argumentadas adecuadamente, en contra de la ya inminente iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, que estará ingresando a la Cámara de Diputados en cuanto inicien las labores de la próxima legislatura, acapara prácticamente todo el espectro, pero poco se habla del fondo.
Y el fondo es que, Andrés Manuel López Obrador pretende obtener la mayoría calificada para Morena y sus aliados en ambas cámaras del poder legislativo para consolidar crasamente un golpe de Estado, para lo cual cuenta ya con la ayuda de una de sus incondicionales, nada menos que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
Lo anterior en relación al reparto de curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados y senadores. Toda vez que, como es sabido, y hasta ahora el presidente nunca ha variado su posición en relación con lo que anuncia y amaga, pretende reformar incluso nuestra Carta Magna.
De tal forma que así podemos casi asegurar ocurrirá, él ordenará y el INE de Guadalupe Taddei acatará la instrucción para, fuera de todo sustento legal, otorgar una cantidad ilegal de diputados o de curules, al partido del presidente y los partidos con los que hace alianza, aunque evidentemente no les correspondan conforme a lo ocurrido en las urnas el pasado 2 de junio.
Hay que decir que el tema de la sobre representación se ha abordado en forma adecuada, incluso de manera brillante por parte de expertos que ilustran las fórmulas que se utilizan y la inadecuada situación que se pretende aplicar. Pero no está siendo tratado el tema por los dirigentes partidarios a nivel nacional o por los personajes que tienen un impacto fuerte en la opinión pública, por su liderazgo en los ámbitos socio productivos del país, y sobre todo los grandes expertos del derecho que existen con una opinión muy respetada en el Foro Nacional Jurídico, en el sentido de la urgencia de colocar el tema de fondo, el primordial, el fundamental, en el centro de información y debate, y tratar de motivar a la gente a que se interese en atenderlo y buscar entenderlo y con ello comprender la gravedad del asunto.
El fondo también es que la mayoría en las cámaras otorgará a Morena y sus partidos aliados lograr la ansiada mayoría calificada que les dé la posibilidad, no solamente de generar las reformas al poder judicial con las que sueña el presidente, sino demás reformas constitucionales que ponen en riesgo la vida, libertades, derechos fundamentales, como sería en todo caso posesión, propiedad de bienes, pero sobre todo darle al presidente el gran poder, hacerlo omnipotente, para incluso aprobar cambios a la Constitución que le permitan, como seguramente lo anhela, aunque se diga que no, aspirar a ello, reelegirse o poder volver a ser electo una vez que culmine el periodo para que, a pesar de muchos, y aunque nos duela, es inminente quizá estará a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, su incondicional.
A lo que aspira López Obrador es a convertirse en otro cacique histórico y el primer paso es modificar la Constitución para poderse elegir de nuevo y quizás que haya la reelección inmediata, y yo no dudaría que pudiera pensar que se genere una posibilidad de forma consecutiva.
Pero lo que sí nos debe espantar, generar terror, es la posibilidad enorme y crasa que se podría estar generando para el presidente de la república en cuanto a poder actuar a contrario sensu el derecho que ya le otorgaron de forma también absurda los diputados de la actual legislatura para otorgar indulto a cualquier persona aún sin existir un proceso administrativo, o ministerial, o jurisdiccional. Es decir, a la inversa, que el presidente pueda incriminar, inculpar e incluso dictar resoluciones ejecutivas que le generen una sanción a cualquier persona sin que incluso estén acorde a los debidos procesos.
¿Qué debe pasar para que la gente entienda la trascendencia de lo que está en juego? Yo simplemente quiero reiterar la advertencia. Vamos a estar en el momento más frágil de la historia como ciudadanos mexicanos. Lo que hay que hacer es exigir a los mismos dirigentes de los partidos políticos nacionales, a los liderazgos más importantes de los sectores social y productivo, a quienes tienen espacios en los diversos medios de comunicación, o quienes somos escuchados en nuestras comunidades y a quienes son atendidos sus razonamientos mediante su trabajo en redes sociales, a que demos esa batalla para posicionar el tema y hacer entender a la sociedad lo grave del asunto, y realicemos ya las labores de acción jurídica que se pueden y deben hacer, porque hay la posibilidad de ello como está todavía la Carta Magna.
De manera que urge actuar, que se pierda el miedo y que impere el terror de lo que puede ocurrir si no actuamos. Eso es lo que tenemos que hacer, antes que ocurran expropiaciones forzadas de bienes, arrestos y ejecuciones sin mediar procesos, pérdida de libertades y derechos fundamentales y ya entonces sea mucho muy tarde.
No estamos muy distantes de aquella película que se llamó La Ley de Herodes, en la cual veíamos cómo Varguitas rompía la Constitución, y decía básicamente en el mensaje que se haría la voluntad personal del gobernante, más allá de lo que la Carta Magna citare. Y pues esto está a punto de ocurrir, aunque la diferencia es que las reformas para darle todo el poder al presidente de la república o al poder ejecutivo, para poder realizar acciones como expropiar, como incriminar, generar situaciones complejas contra la vida, la libertad, los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin garantías individuales como las que tutela la Constitución, sin la tutela judicial efectiva del Estado, a merced de la omnipotencia dictatorial autoritaria, está a punto de ocurrir.
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