“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”.
George Orwell
¿Dónde están las pruebas?, repiten desde el oficialismo con la suficiencia de quien cree que gritar cada vez más fuerte sustituye a la realidad. Ya aparecieron. Están en Estados Unidos. Y no llegaron en valija diplomática ni escondidas en un USB misterioso: llegaron caminando, entregándose solos, dos de los hombres más cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya.
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya compareció ante una corte estadounidense y fue aceptado como testigo cooperante. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Rocha, también se entregó, según reveló Carlos Loret de Mola. Uno cuidaba la seguridad. El otro administraba el dinero del estado. El combo completo del “no pasa nada” de la presidenta.
Durante meses, el gobierno mexicano nos quiso vender la idea de que las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York eran poco menos que propaganda imperialista con subtítulos en inglés. Que no había pruebas. Que todo era un complot contra Morena. Que Washington estaba nervioso porque México ya era casi Dinamarca, pero con corridos tumbados. Extraña conspiración: dos de los propios acusados decidieron correr exactamente hacia el país que “mentía”.
Porque nadie se entrega voluntariamente a la justicia estadounidense para pasar el retiro viendo barrotes federales y comiendo gelatina institucional si no tiene algo muy valioso que negociar. Y en esos casos no se negocian recetas de chilorio. Se negocian nombres, cuentas, rutas, transferencias, operadores y estructuras completas de protección política.
La acusación estadounidense termina por rubricar algo que Ciro Gómez Leyva denunció antes que nadie: que la elección de Sinaloa estuvo profundamente atravesada por la intervención del crimen organizado y que del proceso surgió un gobierno demasiado cómodo conviviendo con esos intereses. Durante años lo llamaron exagerado, golpista, alarmista, conservador, vendido y seguramente agente secreto de la CIA, la DEA y Marvel Studios al mismo tiempo. Resulta incómodo descubrir que el supuesto “mentiroso” terminó pareciéndose demasiado al único que estaba contando la historia completa.
Nadie del sexenio pasado ni presente le pedirá disculpas, por supuesto. En la 4T las disculpas funcionan como los medicamentos en el IMSS: existen en teoría, pero nunca aparecen.
En particular, la entrega del general Mérida Sánchez además abre otra grieta delicadísima: la militar. No se trata de cualquier burócrata reciclado. Es el perfil castrense de mayor rango involucrado hasta ahora en las acusaciones contra funcionarios sinaloenses presuntamente ligados a “Los Chapitos”. Y rompe una regla no escrita dentro del Ejército: entre militares, el silencio suele ser más sagrado que la Constitución.
La pregunta ya no es si sabe cosas. La pregunta es cuánto sabe y cuántos nombres pueden empezar a sudar cuando abra la boca. Bajo su gestión ocurrió uno de los periodos más violentos recientes en Sinaloa, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. Pero seguramente todo era casualidad, coincidencia estadística y percepción conservadora patrocinada por Latinus.
Y mientras eso ocurre, en México la UIF bloquea cuentas de Rubén Rocha, de Enrique Inzunza y de otros implicados señalados por Estados Unidos. Pareciera un reflejo burocrático de supervivencia: si Washington ya viene por el dinero, mejor congelarlo primero aquí para fingir que todavía controlan algo más que la narrativa mañanera.
La situación de Enrique Díaz Vega merece atención aparte. De acuerdo con investigaciones difundidas por Loret de Mola, era él quien presuntamente entregaba maletines de dinero en efectivo a los hijos de López Obrador provenientes de “Los Chapitos”. Si eso termina apareciendo formalmente en una corte estadounidense bajo criterios de cooperación judicial, el escándalo dejará de ser sinaloense para convertirse en un problema nuclear del obradorismo.
Lo de Nueva York ya parece un extraño reality regional: “La Voz Sinaloa”. El premio para el ganador no es contrato discográfico, sino reducción de condena, protección federal y posibilidad de no morir en prisión. Cada concursante compite por demostrar que canta más fuerte que el anterior.
En teoría de juegos existe algo llamado “dilema del prisionero”. Dos involucrados, incapaces de confiar entre sí, terminan traicionándose para salvarse primero. Aunque cooperar les daría mejores resultados colectivos, el miedo a que el otro hable primero destruye cualquier pacto. Eso exactamente estamos viendo. Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega decidieron adelantarse. Hablar primero. “Cantar” antes que el resto del coro. Porque en las cortes estadounidenses el último en cooperar suele descubrir que ya no quedaban descuentos disponibles.
Y mientras todos cantan, vuelve a aparecer la figura incómoda de Ciro Gómez Leyva. El periodista al que intentaron desacreditar durante años por decir exactamente lo que hoy empieza a desfilar en expedientes judiciales estadounidenses.
Nadie en el oficialismo reconocerá que se equivocó. Nadie admitirá que intentaron destruir la credibilidad de quien estaba describiendo una realidad que ahora termina ventilándose en tribunales extranjeros. Pero queda la memoria. Y queda también una ironía brutal: en México, muchas veces el periodismo termina siendo validado no por las instituciones nacionales, sino por fiscales de Nueva York.
Giros de la Perinola
Esto apenas comienza. El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscalías federales a multiplicar las investigaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico y a explorar cargos relacionados con terrorismo. Washington dejó de tratar el tema como un simple asunto criminal. Ya lo observa como amenaza de seguridad nacional. Y mientras tanto aquí seguimos discutiendo si decir “narcogobierno” es ofensivo.
Por cierto, Gerardo Fernández Noroña volvió a colocarse del lado más incómodo de la historia. Regañó al gobierno federal por no haber retenido o vigilado a los acusados de Sinaloa para impedir que viajaran a Estados Unidos “a decir lo que saben”. La frase merece enmarcarse. Porque cuando un político parece más preocupado por evitar que hablen los acusados que por investigar aquello que podrían revelar, ya no estamos frente a un problema de seguridad. Estamos frente a un manual involuntario de complicidad política.