“La decadencia de una institución comienza cuando deja de cumplir la función para la que fue creada”.
Samuel P. Huntington
Hay una diferencia enorme entre equivocarse y decidir no actuar. El Instituto Nacional Electoral parece haber elegido lo segundo.
Mientras diversos aspirantes de Morena recorren estados enteros promoviendo su imagen rumbo a 2027, el árbitro electoral decidió irse quince días de vacaciones sin resolver siquiera los lineamientos que deberían servir para fiscalizar los actos anticipados de campaña. No hablo de un simple retraso administrativo. Hablo de una renuncia temporal —y quizá también permanente— a ejercer la función que justifica la existencia misma del Instituto.
Las elecciones no empiezan el día que se instala una casilla. Comienzan mucho antes, cuando algunos contendientes adquieren ventajas indebidas mientras la autoridad observa hacia otro lado.
El próximo año, México renovará la Cámara de Diputados, diecisiete gubernaturas, miles de presidencias municipales y prácticamente todos los congresos locales. Formalmente, la jornada electoral será en junio de 2027. En los hechos, la competencia ya comenzó. Algunos llevan meses corriendo hacia la meta.
Posiblemente, los casos más notorios sean Andrea Chávez en Chihuahua y Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco. Ambos aparecen de manera constante en actividades orientadas a construir posicionamiento político. Morena insiste en llamarlas “asambleas”. Un eufemismo más. Cambiarle el nombre a los actos anticipados de campaña no deja de convertirlos en campaña. Ya antes este gobierno nos enseñó que modificar las palabras parece ser la forma preferida de intentar modificar la realidad.
No puedo afirmar que exista una decisión deliberada del INE para favorecer a Morena. No tengo elementos para sostenerlo. Lo que sí puedo observar es un hecho verificable: las omisiones terminan beneficiando siempre al mismo actor político. En política, los efectos suelen importar tanto como las intenciones.
Los partidos siempre intentarán empujar los límites de la ley. Esa ha sido la lógica de prácticamente todas las fuerzas políticas en México. Lo verdaderamente preocupante aparece cuando el árbitro deja de marcar las faltas.
En los corrillos políticos circula desde hace semanas la versión de que Morena busca llegar a 2027 con sus principales aspirantes plenamente posicionados antes incluso del arranque formal del proceso electoral. Desconozco si ese sea realmente el diseño estratégico del partido. Lo que sí constituye un hecho público es que varios de sus cuadros recorren entidades enteras mientras la autoridad electoral continúa discutiendo si primero debe emitir lineamientos para fiscalizar justamente esas actividades.
Una democracia no depende de que existan buenos jugadores. Depende, sobre todo, de que exista un árbitro dispuesto a aplicar las mismas reglas para todos.
Sin embargo, el mismo INE que permanece inmóvil frente a las campañas anticipadas encontró tiempo para convocar con urgencia a su Comisión de Quejas cuando Alejandro Moreno llamó a Morena “narcopartido”. Ahí sí hubo premura. Ahí sí hubo diligencia. Ahí sí apareció la autoridad.
El contraste resulta difícil de ignorar. Cuando se trata de fiscalizar posibles actos anticipados de campaña, silencio. Cuando se trata de regular una palabra, velocidad. No parece el comportamiento de un árbitro imparcial; es el de una institución cuya escala de prioridades termina favoreciendo, una y otra vez, al mismo competidor. La diferencia puede parecer sutil. Institucionalmente resulta enorme.
Guadalupe Taddei ni siquiera parece preocupada por preservar la apariencia de autonomía. Y las instituciones viven tanto de sus facultades jurídicas como de la confianza que inspiran.
El politólogo Pierre Rosanvallon sostiene que la legitimidad democrática contemporánea descansa, entre otras cosas, en la imparcialidad de las instituciones. Cuando esa percepción desaparece, la ley puede seguir existiendo; la autoridad moral comienza a evaporarse. Eso es exactamente lo que hoy ocurre con el INE.
La autonomía rara vez desaparece mediante una reforma espectacular. Suele extinguirse poco a poco. Se erosiona cuando una institución deja de incomodar al poder. Cuando la discrecionalidad sustituye al criterio. Cuando unas faltas ameritan expedientes urgentes y otras únicamente vacaciones.
Morena entendió hace tiempo que controlar una democracia no siempre exige modificar las reglas. En ocasiones basta con que el árbitro deje de ejercer plenamente sus atribuciones.
La paradoja resulta difícil de pasar por alto. Buena parte del obradorismo construyó su identidad política denunciando que el antiguo IFE —y después el INE— actuaban bajo la influencia de los gobiernos en turno. Durante años, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no bastaba con celebrar elecciones; también era indispensable contar con un árbitro independiente del poder político. Esa crítica, compartida o no, terminó siendo uno de los motores de la transición democrática reciente.
Precisamente por eso, resulta tan llamativo el momento actual. El movimiento que durante décadas exigió un árbitro cada vez más autónomo parece hoy cómodo con un árbitro cada vez menos incómodo. No se regresa exactamente al pasado, pero sí reaparece una lógica que México ya conoció: la de una autoridad electoral cuya mayor virtud deja de ser su independencia para convertirse en su previsibilidad frente al poder. La historia, a veces, no se repite; simplemente cambia de protagonistas.
Ahí radica el verdadero daño. El INE no fue creado para favorecer a la oposición ni para proteger al gobierno. Fue creado para garantizar que la competencia ocurriera bajo las mismas reglas para todos. Cuando esa competencia comienza a distorsionarse, también empieza a erosionarse la posibilidad real de la alternancia.
Giro de la Perinola
Lo más inquietante ni siquiera son las campañas anticipadas. Lo que más llama la atención es identificar quién se beneficia cuando el árbitro deja de arbitrar.
Mientras el INE discute si puede o no utilizarse el calificativo de “narcopartido”, el crimen organizado ya prepara la elección de 2027. No se trata de una hipótesis extravagante. La experiencia reciente obliga a tomarla en serio. El proceso electoral de 2024 dejó decenas de aspirantes y candidatos asesinados, además de más de un centenar de ataques contra actores políticos de prácticamente todas las fuerzas. La violencia electoral dejó de ser una excepción para convertirse en un componente permanente de nuestras elecciones.
El crimen organizado también hace campaña. También selecciona candidatos. También financia. También intimida. También elimina competidores.
La captura o el debilitamiento de las instituciones no solo beneficia al partido gobernante. También reduce los costos para quienes buscan influir ilegalmente en los procesos electorales. Un árbitro debilitado siempre resulta una buena noticia para cualquiera que pretenda jugar fuera del reglamento.
Frente a ese desafío monumental, el INE parece mucho más preocupado por prohibir un calificativo que por garantizar que la competencia siga desarrollándose bajo reglas parejas.
Las democracias rara vez mueren de un solo golpe. Se deterioran cuando las instituciones empiezan a distinguir entre infracciones tolerables e infracciones intolerables según quién las cometa. Ese día, el árbitro sigue usando uniforme. Sigue ocupando el centro de la cancha. Sigue cobrando el partido. La única diferencia es que dejó de arbitrar.