“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.
Nelson Mandela
Hay escenas que retratan a un país entero.
Una de ellas ocurrió esta semana en la UNAM. La universidad detectó inconsistencias en más de mil exámenes de ingreso a licenciatura y citó a los aspirantes involucrados para una revisión presencial. Lo que siguió fue un desorden: protestas, presiones, gritos, altercados y actos de violencia que obligaron a suspender el procedimiento. La UNAM anunció además que emprenderá acciones legales contra quienes hayan participado en los hechos y contra quienes ofrezcan servicios fraudulentos de ingreso.
Pero la historia importante no es administrativa. Es cultural.
La pregunta no es cuántos hicieron trampa. La pregunta es por qué una parte de la sociedad reaccionó con indignación ante la posibilidad de que la Universidad revisara las irregularidades detectadas.
Es decir: alguien presenta un examen con anomalías y, cuando la institución intenta verificar qué ocurrió, la respuesta no es la colaboración, sino el enojo. Como si la revisión fuera el agravio y no las inconsistencias mismas.
Tampoco se trata de un accidente. Durante los años recientes, desde el poder se ha alimentado la sospecha hacia cualquier mecanismo de evaluación, competencia o selección. El mérito dejó de presentarse como un instrumento de movilidad social para convertirse, en el discurso oficial, en una forma de exclusión, un privilegio heredado y una expresión más del supuesto «neoliberalismo opresor».
Resulta difícil defender el valor de un examen cuando la narrativa gubernamental insiste en que destacar es casi un acto de egoísmo y que toda diferencia de resultados constituye una injusticia estructural. Si la excelencia es sospechosa, la mediocridad termina adquiriendo una extraña legitimidad moral.
No es menor que esto ocurra bajo gobiernos emanados de Morena. Un movimiento político que nació desafiando reglas, que ha hecho de la transgresión una herramienta de acumulación de poder y que con frecuencia ha tratado la ley como un obstáculo a sortear y no como un límite que respetar, difícilmente puede producir una ciudadanía convencida de la importancia de los filtros, los procedimientos y las consecuencias. La trampa termina reproduciéndose como cultura política.
México lleva años educándose en la idea de que cualquier regla constituye una ofensa personal. La fila es opresión. La multa es persecución. La ley es autoritarismo. El examen es exclusión. La evaluación es discriminación. Y la exigencia de acreditar méritos es, poco menos, un atentado contra la dignidad humana.
Nos hemos ido convirtiendo en un país que quiere las recompensas del mérito —y, de preferencia, al instante—, pero detesta los costos que implica alcanzarlo.
Todos quieren el diploma. No todos quieren estudiar.
Todos quieren el puesto. No todos quieren competir.
Todos quieren ingresar a la Universidad. No todos aceptan la posibilidad de no haber obtenido el puntaje suficiente.
La idea misma de la selección se ha vuelto sospechosa.
Y, sin embargo, las sociedades modernas —y las desarrolladas, más todavía— se construyen precisamente sobre filtros. Un médico presenta exámenes. Un piloto presenta exámenes. Un juez presenta exámenes. Un investigador presenta exámenes. Un docente presenta exámenes. La meritocracia nunca ha sido perfecta, pero sigue siendo infinitamente mejor que su sustituto: el capricho, las tómbolas o el acordeón.
La UNAM, con todos sus defectos, representa todavía uno de los últimos espacios donde sobrevive una noción elemental de exigencia. Se entra por concurso. Se compite por lugares limitados. Se establecen reglas. Se verifican procedimientos.
Eso inevitablemente genera frustraciones.
Cada año cientos de miles de jóvenes quedan fuera. Es doloroso. Pero la solución no consiste en abolir los filtros ni en convertir cualquier revisión en un escándalo. Porque la alternativa es mucho peor.
Si las universidades renuncian a verificar irregularidades por miedo a las presiones, entonces el mensaje para las nuevas generaciones es devastador: las reglas son negociables y la fuerza sirve para doblarlas. Además, el título que otorga la Universidad terminaría degradándose hasta convertirse en poco más que un pedazo de papel sin prestigio, sin credibilidad y sin valor.
Después de todo, las sociedades aprenden de sus élites políticas. Si desde el poder se transmite la idea de que las reglas son relativas, que las instituciones deben adaptarse a la voluntad de quienes más presionan y que cualquier límite constituye un acto de opresión, no debería sorprendernos que un examen de admisión termine convertido en un campo de batalla. La trampa, al final, también se educa.
Y ahí es donde el episodio de la Máxima Casa de Estudios deja de ser universitario y se vuelve nacional.
Vivimos una época que premia la victimización por encima de la responsabilidad. El atajo antes que el esfuerzo. El derecho a reclamar antes que la obligación de merecer. Si alguien fracasa, debe existir un culpable externo. Si alguien es descubierto haciendo trampa, el problema es quien lo descubrió. Si una institución aplica las reglas, la institución es la agresora.
Todo parece estar invertido.
El mérito produce resentimiento.
La disciplina produce sospecha.
La excelencia produce incomodidad.
Y el fraude termina encontrando defensores.
Quizá por eso el verdadero examen no lo presentó la UNAM ni los aspirantes involucrados.
El examen lo presentó el país entero.
Y, viendo la reacción de tantos ante la sola idea de revisar un resultado dudoso, uno no puede evitar sospechar que, como sociedad, llevamos tiempo copiándonos las respuestas.
Giro de la Perinola
En México solemos repetir que la educación es la gran igualadora social. Pero cada vez que una institución intenta defender las reglas que permiten que el esfuerzo tenga algún significado, aparecen quienes exigen que la igualdad consista en eliminar el examen. Y un país sin exámenes termina siendo un país donde ya nadie necesita merecer nada.