“La justicia debe satisfacer la apariencia de justicia”.
Tom Bingham
“La igualdad ante la ley no consiste en que todos sean tratados igual, sino en que el mismo criterio se aplique a todos”.
Friedrich A. Hayek
No voy a defender a Ernesto Ruffo. No sé si es culpable o inocente de lo que se le ha imputado y que ha llevado a su detención. Después de todo, en política aplica aquello de “caras vemos, corazones no sabemos”. O quizá habría que actualizar el refrán: caras vemos; patrimonios no sabemos.
Si el expanista participó en una red de contrabando de combustible, que responda ante la justicia. Así de simple.
Pero el problema no empieza con la detención de Ruffo. Comienza si la investigación termina en Ruffo. Valga el trabalenguas.
Conviene aclararlo desde el principio: al exgobernador de Baja California no se le acusa por hechos cometidos durante su mandato entre 1989 y 1995. La imputación se refiere a su presunta participación actual en una empresa investigada en México por una red de huachicol fiscal. Y si las pruebas existen, que hablen los tribunales.
Así que la interrogante que merece mi análisis es otra. ¿Por qué, tratándose de un delito cuya expansión alcanzó niveles industriales durante los últimos años, el primer gran golpe mediático recae sobre un histórico gobernador de oposición —y que aparentemente participa muy modestamente de un robo descomunal a la nación— mientras otros personajes señalados públicamente por investigaciones periodísticas sobre esas mismas redes siguen sin enfrentar el mismo nivel de escrutinio?
Esa es la discusión de fondo.
El huachicol fiscal no nació hace treinta años. Creció durante los años recientes. Requirió empresas fachada, importaciones simuladas, puertos, aduanas, operadores logísticos y, difícilmente, pudo prosperar sin algún grado de protección institucional de Morena. Sí, de Morena.
La 4T maneja una lectura muy hipócrita que me recuerda a la del gobierno gringo cuando se trata del contrabando de drogas. Este, según los norteamericanos, desaparece en cuanto los narcóticos cruzan la frontera México-Estados Unidos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum actúa igual con respecto a los miembros de la oposición y críticos al régimen a diferencia de cómo lo hace con elementos de su gobierno, legisladores y funcionarios allegados a Regeneración Nacional.
Si el Estado realmente decidió desmontar la estructura del huachicol —cosa que no creo—Ruffo debería ser apenas el aperitivo. No el plato fuerte.
Resulta inevitable advertir una asimetría. Mientras el gobierno presume acciones contra opositores, son con frecuencia autoridades estadounidenses las que colocan bajo los reflectores a personajes vinculados al poder actual mediante investigaciones, sanciones o designaciones relacionadas con organizaciones criminales. No es una prueba de culpabilidad, desde luego, pero sí revela que el foco de atención no siempre coincide en ambos lados de la frontera.
La respuesta habitual del oficialismo es inmediata: “es que contra Ruffo sí hay pruebas”. Excelente. Así debe funcionar cualquier Estado de derecho: nadie debería ser detenido sin elementos suficientes para imputarle un delito. El problema aparece cuando ese mismo estándar desaparece frente a otros expedientes políticamente incómodos.
Porque entonces las “pruebas” dejan de ser un criterio jurídico para convertirse en un argumento político. Cuando autoridades estadounidenses documentan investigaciones, solicitan extradiciones o identifican redes presuntamente vinculadas con personajes cercanos al poder, el discurso oficial ya no exige actuar; exige esperar. Pide prudencia. Reclama no prejuzgar. Invoca la presunción de inocencia que antes parecía innecesaria.
La contradicción es difícil de ignorar. Si el gobierno mexicano considera suficiente la evidencia reunida para solicitar la extradición de presuntos integrantes de la red atribuida a Ruffo que se encuentran en Estados Unidos, ¿por qué el mismo principio no opera en sentido inverso cuando son autoridades estadounidenses quienes señalan o investigan a personajes que desarrollan su actividad política o empresarial en México? La cooperación judicial no puede convertirse en una avenida de un solo sentido.
En México sí que abundan las preguntas sin respuesta. Persisten los cuestionamientos públicos alrededor de Marina del Pilar. Permanecen las investigaciones periodísticas sobre el entorno político de Adán Augusto López. ¡Donde los López Beltrán son el foco! Y etcétera.
El exsenador morenista Gerardo Novelo enfrenta un proceso muy distinto derivado del aseguramiento ¡en su casa! de millones de litros de combustible. En Sinaloa, la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal contra Rubén Rocha Moya. Y, mientras tanto, Pemex sigue sin explicar con claridad la discrepancia de más de veinte millones de barriles de crudo y condensados registrada en apenas los primeros cinco meses del año.
Ninguno de esos casos autoriza a declarar culpable a nadie. Pero todos justifican la pregunta: ¿se está aplicando el mismo rasero?
Y no se necesita ser científica con doctorado en energía para saber que NO.
La imparcialidad es el verdadero patrimonio de la justicia. No la espectacularidad de una detención. No el impacto de una fotografía. No el simbolismo de capturar al primer gobernador panista que hubo en la historia del país.
Lo que legitima a un Estado de derecho es la certeza de que el apellido, el partido o la cercanía con el poder no alteran la velocidad de las investigaciones ni el rigor con que se aplican.
Que uno se le investigue y procese con exactamente el mismo estándar con el que deberían responder todos aquellos sobre quienes existan elementos suficientes para investigar, sin importar el color de su credencial partidista o la nacionalidad de su pasaporte.
La justicia —y la calidad moral de un gobierno— deja de convencer cuando parece escoger a sus destinatarios.
Giro de la Perinola
Supongamos —solo supongamos— que Ernesto Ruffo es culpable. Perfecto. Entonces ojalá su caso sea el inicio de una limpieza profunda del huachicol fiscal. Porque si dentro de unos meses el único nombre relevante que queda en el expediente sigue siendo el de un exgobernador panista, el mensaje será devastador: no habremos presenciado una cruzada contra la corrupción, sino una nueva confirmación de que, en México, Morena se sirve de dos cosas: 1) de las distracciones y 2) de una ley que cambia de intensidad según el partido al que pertenezca el investigado.