“El secreto ocupa la médula misma del poder”.
Elias Canetti
En Culiacán, frente a un estado consumido por los cárteles y un foro repleto de acarreados, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de violencia y encontró al culpable: la injerencia extranjera.
No mencionó a los narcos, a los sicarios, a la descomposición social, a los funcionarios presuntamente coludidos ni a Rubén Rocha Moya y los otros nueve acusados en Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa. Fue hasta Sinaloa para explicar Sinaloa sin hablar de quienes hicieron de Sinaloa lo que es. La presidenta no podía señalar a quien gobierna una buena parte de esa entidad sin explicar también por qué Morena gobierna gracias a él.
Imaginemos por un instante que Rocha Moya fuera panista. Morena habría convertido Palacio Nacional en tribunal, la mañanera en audiencia de vinculación y las redes oficiales en paredón. Citlalli Hernández exigiría desafuero, captura, extradición y, si sobrara tiempo, la desaparición del PAN. Pero Rocha es morenista. La presunción de inocencia, ese principio burgués tantas veces negado a los adversarios, se vuelve entonces patrimonio histórico de la izquierda.
Atribuir la violencia a la captura de Ismael El Mayo Zambada es confundir —muy convenientemente— el cerillo con el polvorín. Su entrega a Estados Unidos alteró el equilibrio entre facciones; no creó los cárteles, no les entregó territorio y aduanas, no les consiguió policías, no financió campañas ni construyó sus relaciones con los gobiernos federal, estatal y municipales. La guerra estalló porque el andamiaje criminal ya estaba allí: armado, financiado, tolerado y, según las acusaciones estadounidenses, políticamente protegido. Porque el gobierno conducía en piloto automático. Pax narca, pues.
Esa es la utilidad de la “no intervención” como muletilla. Permite atribuir la violencia a quien se llevó a El Mayo y no a quienes, durante años, permitieron que el cártel acumulara armas, policías, funcionarios, dinero, territorio y poder político. El “extraño enemigo” siempre llega a tiempo para librarnos del conocido de casa. La muletilla no explica lo ocurrido, pero bien que evita explicar todo lo demás: transforma una crisis de narcopolítica en un agravio diplomático y elude la pregunta que realmente importa: ¿por qué Morena no procesa política ni penalmente a los suyos cuando aparecen ligados al crimen organizado?
Seamos claros: la soberanía sirve ahora para impedir que desde fuera se investigue lo que dentro no se quiere investigar.
Benjamin Lessing llama “gobernanza criminal” a la capacidad de las organizaciones delictivas para imponer reglas y hacerlas cumplir sobre poblaciones enteras. No se trata únicamente de criminales que corrompen al gobierno; son poderes que cobran, autorizan, castigan, reclutan, controlan mercados y deciden quién puede circular, comerciar o competir. En buena parte de México, Morena ocupa los cargos, pero es el crimen el que gobierna el territorio. Morena se instala y el crimen manda.
Ese matiz invierte toda la relación. No es Morena, desde una posición de superioridad, el que incorpora al crimen organizado a su coalición. Son las organizaciones criminales las que prestan a Morena su dominio territorial, su financiamiento, su capacidad de intimidación y su peculiar método de movilización electoral. El crimen no necesita afiliarse, asistir a congresos ni levantar la mano en las asambleas. Contribuye de una manera bastante más eficaz. Morena no le entrega el poder: recibe poder de él. Y después lo confunde con respaldo popular.
Por eso la 4T no procesa a los suyos. Hacerlo no implicaría sacrificar solamente a un gobernador, un secretario o un alcalde. Significaría seguir el dinero de las campañas, revisar elecciones ganadas bajo intimidación, investigar nombramientos, reconstruir cadenas de protección y reconocer que una porción de su poder electoral proviene de organizaciones criminales. En Morena, quien tira del hilo puede acabar descubriendo que el hilo era el partido.
La cadena alimenticia funciona así: el crimen controla territorio, dinero y violencia; el cacique traduce ese poder en candidatos y votos; el gobernador lo convierte en estructura institucional; Morena aporta la marca, los cargos y la impunidad política; finalmente, Palacio Nacional cubre al conjunto con la palabra “soberanía”. Cada eslabón alimenta al siguiente y todos terminan comiendo del Estado. Un ecosistema muy austero, como puede verse… La cadena alimenticia funciona porque cada integrante protege a quien lo alimenta.
Les comparto un enfoque académico que conozco bien, pues precisamente en esta materia me especialicé durante el posgrado: Douglass North, John Wallis y Barry Weingast explicaron que los órdenes de acceso limitado contienen la violencia repartiendo rentas y privilegios entre los grupos capaces de ejercerla. La coalición dominante no elimina esos poderes: compra su cooperación. En el arreglo mexicano, la renta es el presupuesto, el privilegio es la impunidad y la cooperación consiste en permitir que Morena gane elecciones donde el Estado ya no controla el territorio.
Escribí hace un par de meses aquí, en SDPnoticias, que Morena se balcaniza porque gobernadores, familias y caciques se comportan como propietarios de sus parcelas. Me faltó añadir que muchos de esos poderes regionales han construido alianzas con el crimen organizado. El mismo fenómeno que divide al partido por dentro lo fortalece electoralmente por fuera: cada grupo posee su territorio, su candidato y, en ocasiones, su cártel de confianza.
El pacto es centrífugo y adhesivo a la vez. Los caciques de Morena pueden disputarse candidaturas, presupuestos y gubernaturas; lo que no pueden hacer es abrir por completo los expedientes del vecino. Todos necesitan que nadie investigue demasiado. En Morena la unidad no siempre nace de las convicciones. A veces procede del conocimiento mutuo y otras de un saludable instinto de conservación.
Sinaloa vuelve inocultable el sistema. Después de miles de asesinatos y desapariciones, de la separación de Rocha Moya y de las acusaciones contra integrantes de su gobierno, ¡Morena todavía tiene posibilidades de conservar la gubernatura! Mas no la retendría a pesar del desastre, sino porque la estructura política, económica y criminal que hizo posible el desastre permanece EN PIE. El partido sustituye nombres, acomoda grupos y presenta una candidatura “limpia”; cambia al ocupante sin tocar el edificio. Higiene electoral superficial.
Jesús Silva-Herzog Márquez escribió ayer en Reforma sobre los dos candados de la hegemonía morenista: el electoral y el de la gobernabilidad. Incluyó entre los pactos del segundo al Ejército, los sindicatos, los poderes locales y el crimen. Yo iría más lejos: el crimen organizado no es otro poder subordinado con el que Morena negocia para gobernar. Es un poder que ya gobierna y que presta a Morena su fuerza para ganar elecciones.
Allí está el verdadero pegamento. Los programas sociales generan lealtad; la debilidad de la oposición reduce las alternativas; la colonización institucional inclina la cancha. Pero el crimen puede aportar simultáneamente dinero, intimidación, control territorial y votos. No es un candado más de Morena: es el poder que cierra la puerta desde fuera y luego le entrega la llave al partido.
Guerrero muestra la impotencia de la dirigencia nacional frente a los cacicazgos locales. Morena eligió a Beatriz Mojica para evitar que Félix Salgado Macedonio heredara la gubernatura de su hija. Apenas recibió la designación, Mojica corrió a fotografiarse con Félix, lo llamó “gran luchador social” y le ofreció unidad. Él correspondió recordándole que coordinadora todavía no significa candidata. Palacio Nacional la ungió; el cacique le explicó la fecha de caducidad.
El caso ilustra el primer tramo de la cadena: Morena puede intentar desplazar a un jefe regional, pero no sabe competir electoralmente sin su maquinaria. Cuando a ese cacicazgo se suma el dominio criminal, la dependencia es todavía mayor. Una cosa es cambiar de aspirante y otra, bastante más temeraria, cambiar de patrocinador.
Por eso Citlalli Hernández salió a repetir que “la injerencia también es violencia”. La frase no defiende a México: disciplina a Morena. Ordena mirar hacia Washington para no mirar hacia Sinaloa; denunciar al extranjero para evitar la grosería de preguntar quién abrió la puerta desde dentro. El nacionalismo tiene la enorme ventaja de envolver cualquier expediente en la bandera y llamarlo “patria”.
La presidenta puede seguir exigiendo pruebas extranjeras mientras las instituciones mexicanas evitan producir las propias. Puede cambiar candidatos, pedir licencias y prometer filtros. Lo que no puede hacer es combatir al crimen organizado sin tocar la estructura que sostiene territorialmente a Morena. Ese parece ser el límite de su política de seguridad: combatir al narco hasta donde comienza el partido.
Giros de la Perinola
(1) La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas revisará perfiles únicamente cuando los partidos decidan enviarlos. Después consultará a la UIF, la FGR, la CNBV y el CNI, pero la decisión final de postular al aspirante seguirá en manos del partido. Morena diseñó el equivalente electoral de un aeropuerto donde cada pasajero decide si desea que revisen su maleta.
(2) Tampoco aceptó que pierda el registro el partido financiado por el crimen organizado. Podrá caer el candidato, pero deberá sobrevivir la organización que lo seleccionó, lo postuló y recibió los beneficios. Si el señalado fuera el PAN, Morena pediría extinguirlo hasta de los libros de historia. Como la norma podría alcanzar a Morena, entonces los oficialistas descubrieron las virtudes de la moderación legislativa. Nadie legisla alegremente contra su propio pegamento...