“Siempre son cinco o seis los que mantienen al tirano”.
Étienne de La Boétie
¡Qué tragedia! El mejor argumento de Morena para, de una vez por todas, enterrar al INE puede terminar saliendo de la oficina de Guadalupe Taddei. Cada relación empresarial sin esclarecer, cada nombramiento que exige explicaciones, cada cercanía con el poder que la presidencia del órgano considera inocua contribuye a una conclusión devastadora: que aquella institución por la que valía la pena movilizarse de rosa ya no merece ser defendida. El gobierno podría obtener del descrédito autoinfligido del Instituto Electoral lo que le cuesta conseguir mediante una reforma constitucional.
Quienes hemos defendido la autonomía del INE estamos recibiendo una factura especialmente amarga. Debemos exigir cuentas a la autoridad electoral mientras sabemos que cada sospecha puede utilizarse para desacreditar la institución entera. Los funcionarios cuestionados conservan sus explicaciones pendientes; la autonomía hace tiempo que tendrá que pagar todo el costo político.
Desde ahí leo la gestión de Taddei: como parte de un acercamiento entre el organismo electoral y el poder al que debe vigilar. Los vínculos empresariales y familiares importan porque son un curso de cómo se construyen las dependencias. La subordinación puede hacerse cotidiana mucho antes de que alguien necesite pronunciar una orden. Vaya que sí. El Instituto lo demuestra.
Hay una decisión que ilumina todos las demás. En octubre de 2024, al legislar sobre la elección judicial, la mayoría oficialista entregó a la presidencia del INE la facultad de designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas. La mayoría gobernante amplió el poder administrativo de la persona que encabeza al organismo encargado de fiscalizarla. La modificación redujo la intervención del Consejo en su conjunto en esas designaciones.
Ese movimiento resulta difícil de reconciliar con la defensa de una autoridad independiente. Las diferencias entre consejeros obligan a justificar perfiles y negociar decisiones. Al concentrar los nombramientos se facilita otra forma de gobierno interno: aquella en la que saber a quién se debe el puesto pesa más que convencer a quienes comparten la responsabilidad institucional. El principio del fin del órgano.
Y poco después llegó a la administración del INE, Jesús Octavio García González, antiguo representante de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg. Latinus documentó que, cuando Taddei presidía el instituto electoral sonorense, Cajas Graf recibió un contrato de 46.9 millones de pesos. La relación entre una autoridad compradora y el representante de una proveedora reapareció a nivel nacional, años después, convertida en una relación entre quien designa y quien administra. El INE se perdió para siempre.
Esta es la pregunta política que se pierde entre montos y razones sociales: ¿qué hizo a ese hombre merecedor de semejante confianza? El conocimiento del negocio puede explicar su experiencia. La decisión de ponerlo a administrar recursos públicos exige explicar, además, cómo se protegió al instituto de sus relaciones anteriores. Dania Ravel declaró que las consejerías no habían revisado ni validado su perfil. La confianza de Taddei había ocupado el lugar de una evaluación compartida.
La investigación de Reforma sobre Jonathan Navarrete Torres profundiza esa inquietud. Según los documentos mercantiles citados por el diario, recibió en 2023 un poder para representar a Corporativo Zeg; en 2025 fue contratado como chofer de Taddei. El vínculo obliga a mirar hasta dónde llegaron las relaciones del sector proveedor dentro de su entorno. A estas alturas, cada explicación individual necesita responder también por la reiteración de las coincidencias.
Taddei sostuvo en febrero que García González había cubierto los requisitos de ingreso y dejó al Órgano Interno de Control determinar el posible conflicto de interés. Su respuesta revela una insuficiencia de fondo: cumplir las condiciones para entrar a una oficina no explica por qué conviene entregársela. Una presidencia que concentra facultades asume también una responsabilidad política que ningún formato de contratación puede absorber por ella.
Sonora vuelve a aparecer en otra relación: el hijo de Taddei, Luis Rogelio Piñeda, es secretario particular de Alfonso Durazo. El cargo no demuestra una intervención indebida de su madre. Expone, sin embargo, una cercanía que debe examinarse desde la posición del ciudadano: el órgano directivo de Morena tiene junto a su titular al hijo de quien preside la autoridad electoral. No se debe dar por sentado que esa circunstancia carezca de significado político.
No necesito atribuir a todos una misma sospecha, acusación o delito para advertir el problema. Me preocupa una forma de organizar el poder en la que las relaciones personales van sustituyendo las distancias institucionales. Quien vigila, quien gobierna, quien contrata y quien consigue un nombramiento pueden conservar atribuciones distintas en el papel mientras sus intereses aprenden a convivir sin demasiadas molestias.
Así puede cercenarse e inutilizarse una institución sin necesidad de clausurarla. Basta con que las personas decisivas tengan más razones para cuidar sus relaciones que para incomodarlas. El trabajo profesional continúa, las sesiones se celebran y los votos se cuentan. La pérdida ocurre en la disposición a investigar, disentir y asumir el costo de una resolución adversa para el poder.
El daño crece cuando las dudas sobre la gestión empiezan a confundirse con defectos identificables de la autonomía. Un nombramiento cuestionable termina alimentando la idea de que los consejeros son prescindibles; un contrato bajo sospecha, la de que la independencia resulta demasiado costosa. La responsabilidad de quienes conducen el organismo se diluye en una condena contra el organismo mismo.
Ahí encuentro la utilidad política del descrédito. El oficialismo puede beneficiarse de una autoridad cercana y, cuando esa cercanía produce cuestionamientos, aprovechar el desgaste que esta tiene respecto a su legitimidad. Esa ventaja no requiere demostrar que alguien planeó cada escándalo; tampoco el que exista ilegalidad o culpabilidad. Basta para existir desde el momento en que la desconfianza ciudadana facilita quitarle controles a quien debería ejercerlos.
Por eso me parece insuficiente reclamar únicamente que Taddei aclare sus contrataciones. También debe examinarse qué ha ganado la mayoría gobernante al fortalecerla, qué independencia —o no— conservaron las áreas bajo su designación y qué capacidad tienen los demás consejeros para contradecirla. La fiscalización del gasto y la disputa por el control electoral se encuentran entre esas importantes decisiones.
A la ciudadanía se nos está colocando en una posición intolerable: defender una institución de quienes quieren someterla y, al mismo tiempo, defenderla de quienes pueden estar facilitando su sometimiento desde dentro. Y el silencio y la falta de rendición de cuentas de a de veras agravaría ambas cosas. Cada conducta sin esclarecer permite que los verdugos de la autonomía se presenten como sus correctores.
Quiero que las posibles responsabilidades alcancen a las personas que tomaron las decisiones. Que un contrato irregular comprometa a quien lo autorizó. Que un nombramiento indebido alcance a quien lo hizo. Que una investigación deficiente tenga responsables identificables. Me niego a que la independencia electoral termine pagando la cuenta de quienes debían custodiarla.
Morena puede permitirse un INE desprestigiado (a veces pienso que ni siquiera ese partido). Mas los ciudadanos comunes y corrientes necesitamos una autoridad cuyo crédito no esté manchado por el tufo del olor a gobierno...
Por eso el examen de Taddei debe ser mucho más severo que el catálogo de sus respuestas: hay que preguntarse si está protegiendo al instituto o dejando que su gestión vuelva políticamente aceptable desarmarlo.
La autonomía no se defiende concediendo impunidad a su consejera presidenta. Se defiende impidiendo que su presidenta la vuelva indefendible.
Giro de la Perinola
Monreal pidió investigar las contrataciones señaladas. La mayoría oficialista debería explicar también por qué consideró conveniente concentrar los nombramientos en Taddei. El Congreso tiene memoria documental, aunque sus coordinadores prefieran administrar el presente... Pedir cuentas por el USO de una facultad obliga a rendirlas por haberla ENTREGADO.