“La acumulación de todos los poderes […] en las mismas manos […] puede considerarse justamente la definición misma de la tiranía”.
James Madison, El Federalista
“Debo, no niego; pago, no puedo”. A la Cuarta Transformación le faltaba encontrar su doctrina económica. Ya la tiene. Después de explicarnos que el dinero alcanzaba cuando nadie robaba, ahora debe explicar por qué las necesidades hacen fila mientras la honestidad presume mayoría calificada. Quizá el presupuesto también salió conservador.
Yo discrepo de quienes ven en Morena el regreso del PRI. La comparación le concede demasiado. El viejo régimen construyó instituciones para organizar su permanencia; el nuevo ha demostrado una extraordinaria disposición a desmantelar las que estorban a la suya. Ambos aprendieron a concentrar poder. La diferencia aparece cuando se necesita que, además de obedecer, algo funcione.
No extraño al PRI ni propongo absolver su corrupción, su represión o su ausencia de carácter democrático. Digo algo más incómodo para sus herederos guindas: bajo aquel régimen se crearon el IMSS, el ISSSTE y buena parte de la infraestructura institucional de la que todavía depende México. Había apropiación política del Estado, pero también construcción estatal. Morena quiere heredar la obediencia y ahorrarse el trabajo. Hasta para restaurar el pasado salió flojo.
El sociólogo Michael Mann distinguió entre el poder despótico —la capacidad de las élites para decidir sin negociación institucionalizada con la sociedad— y el poder infraestructural: la capacidad del Estado para ejecutar decisiones en el territorio. Conviene recordarlo porque un gobierno puede volverse más dominante y, al mismo tiempo, menos capaz. Tener menos contrapesos no consigue especialistas, no repara trenes y no surte recetas. ¡Pero qué descansado debe ser fracasar sin que nadie autorizado te contradiga!
La reforma de “simplificación orgánica” ofrece una radiografía de esa preferencia: eliminó organismos y redistribuyó funciones, varias de ellas hacia el Ejecutivo. No desaparecieron todas las atribuciones; desaparecieron distancias institucionales que obligaban al poder a encontrarse con alguien más. La palabra “simplificación” tiene aquí una delicadeza admirable: simplifica muchísimo que el vigilado tenga menos vigilantes independientes.
Por supuesto que Morena ha creado organismos. También creó el Insabi y después lo extinguió, trasladando recursos y responsabilidades al IMSS-Bienestar. La cuestión es qué capacidades duraderas dejó cada mudanza. Y creó Segalmex, cuyo caso obligó al propio gobierno a reconocer en septiembre de 2024 un daño patrimonial de 2 mil 700 millones de pesos. Para una administración que iba a terminar con la corrupción por irradiación moral del presidente, fue una manera bastante costosa de estrenarse.
Por eso me cuesta participar en el concurso de reverencias a la “genialidad” de López Obrador. Le reconozco talento para conquistar el poder y organizar lealtades alrededor de su persona. Pero levantar una maquinaria electoral no equivale a construir un Estado competente. Un martillo tampoco se vuelve arquitecto por dejar una casa sin paredes. El obradorismo convirtió la demolición en prueba de inteligencia y luego pidió aplausos por la amplitud del terreno baldío.
Su movimiento, además, tiene un apetito que la devoción no alimenta. Necesita candidaturas, cargos, presupuestos y posiciones desde las cuales reproducirse. Cuando todo se justifica por la continuidad de la transformación, cualquier límite parece una traición. Así se organiza una familia política que puede devorarse por una candidatura mientras exige al país nuevos sacrificios para conservarla unida. El amor al pueblo tiene una nómina considerable.
Raymundo Riva Palacio apuntó a esa fragilidad en “Se les acabó el dinero”, publicado el 8 de octubre. Su diagnóstico financiero debe distinguirse del hecho comprobable: la STPS anunció que Jóvenes Construyendo el Futuro no abriría nuevas vinculaciones en octubre, invocando una estrategia de focalización. Eso no demuestra, por sí solo, que se cancelaran los pagos o que Hacienda estuviera sin caja. Sí obliga a examinar la distancia entre la promesa política y la capacidad de sostenerla. El futuro, por lo pronto, debía esperar el siguiente aviso.
Un gobierno no necesita quedarse literalmente sin un peso para entrar en una crisis de cumplimiento. Basta con que sus compromisos compitan por recursos insuficientes y que atender unos implique posponer otros. Ahí la austeridad muestra su contabilidad menos fotogénica: el mantenimiento aplazado reaparece como avería; la plaza sin cubrir, como sobrecarga; el insumo ausente, como gasto de una familia. El ahorro que presume el funcionario puede ser la factura que paga el ciudadano.
Los trabajadores del IMSS que bloquearon Reforma el 22 de octubre no estaban discutiendo únicamente una cifra salarial: exigían cambios en su dirigencia sindical y venían de protestas por carencias de personal, medicamentos, insumos y especialistas. Otros disidentes denunciaron represalias sindicales. No son acusaciones que deban confundirse automáticamente con órdenes del gobierno. Pero sí exhiben una ironía deliciosa: quienes sostienen la atención pública tienen que salir del hospital para conseguir que alguien los escuche.
La Biblioteca Vasconcelos cerró por un paro laboral; Cultura respondió defendiendo sus acciones salariales y de rehabilitación. La Línea A del Metro sufrió una interrupción por una falla en la catenaria. Son conflictos distintos, con responsabilidades que deben precisarse, no pruebas intercambiables de una sola causa presupuestal. Lo que los reúne es una pregunta política que el gobierno quisiera jubilar: ¿cuánto tiempo puede presumirse la transformación mientras la experiencia cotidiana consiste en esperar que restablezcan el servicio?
Y entonces aparece el bálsamo estadístico. En el reportaje de BBC Mundo sobre las protestas y la popularidad presidencial, Viri Ríos invoca una satisfacción superior al 81% entre usuarios de la seguridad social, citando una encuesta del IMSS. El dato podrá describir a la población efectivamente encuestada; por sí solo no establece qué ocurre con quienes no consiguen atención. Para eso importan la muestra, la pregunta y quién quedó fuera. Una buena calificación entre atendidos no vuelve imaginarios a los excluidos. La estadística exige denominadores; la propaganda prefiere aplausos.
Tampoco encuentro contradicción en que una presidenta conserve popularidad mientras aumentan las protestas. Las personas pueden valorar una pensión, aprobar a Sheinbaum y exigir medicinas. Precisamente: la aprobación general no certifica la calidad de cada servicio. Explicar por qué el malestar no castiga electoralmente a Palacio es un análisis; convertir esa protección en una defensa del desempeño gubernamental sería un salto mortal. Ningún porcentaje de simpatía funciona como antibiótico.
No afirmo que todos los electores de Morena hayan tardado ocho años en reaccionar. Muchos han reclamado antes; otros siguen respaldándolo y tienen derecho a hacerlo. Lo que sí perdió credibilidad es la coartada de la eterna inauguración. Después de ocho años de gobiernos morenistas, culpar exclusivamente a la herencia exige una desfachatez que ya debería cotizar como especialidad profesional.
Y en ello, Sheinbaum no es un grano de arena sin responsabilidad en esta maquinaria. Es la presidenta. Presentarse como una pieza insignificante terminaría regalándole la absolución que su cargo no permite. Tiene decisiones, prioridades y obligaciones propias. Si reivindica la continuidad para cobrar sus dividendos políticos, también le corresponde responder por sus costos. No se puede firmar como presidenta y rendir cuentas como albacea.
Eso entiendo por La Dictadura Imperfecta: una vocación de mando sin límites que ni siquiera asegura la capacidad de cumplir sus propias promesas. La imperfección no la vuelve inofensiva. Un poder puede ser torpe para prestar servicios y diligente para eliminar obstáculos. De hecho, la combinación resulta especialmente cómoda: cada fracaso se vuelve argumento para pedir todavía más control.
Al PRI le reprochábamos haberse apropiado del Estado. A Morena tendremos que reclamarle, además, que vaya consumiéndolo mientras presume haberlo rescatado. La hazaña de sus genios consiste en querer quedarse con todo, incluso cuando cada vez queda menos que funcione. La revolución llegó al gobierno para devolverle el país al pueblo. Ahora habría que preguntarle en qué condiciones piensa entregarlo.
Giro de la Perinola
Mientras el gobierno explica sus calendarios de incorporación, la fiscal de Nayarit advierte que el crimen recluta jóvenes mediante falsas ofertas laborales en TikTok. No es prueba de que una pausa en un programa produzca ese reclutamiento. Es algo que debería inquietar más: para disputarles a los criminales una generación hacen falta protección, oportunidades y presencia estatal sostenida. La delincuencia no espera a que reabra la plataforma.



