“Las injusticias se hacen invisibles cuando quienes deberían escandalizarse empiezan a administrarlas.”
Judith Shklar
Hay casos que exhiben corrupción. Otros exhiben incompetencia. El de Alejandra Cuevas exhibió algo muchísimo peor: la real estructura moral de la llamada Cuarta Transformación.
Voy a decirlo sin rodeos: la gran tragedia de Alejandra Cuevas no es solamente que, siendo inocente, haya pasado 528 días en prisión. El gran —grandísimo— horror es que esos 528 días sirvieron para que el gobierno complaciera y comprara el silencio de Gertz Manero.
Tan es así que, incluso después de demostrarse jurídicamente el abuso, el sistema decidió seguir premiando a los principales responsables. Allí tienen ustedes la calidad moral del claudismo.
Esto revela más sobre Morena que mil mañaneras, veinte libros de propaganda obradorista y todas las letanías que el régimen repite desde Palacio Nacional mientras se presenta como reserva ética de la humanidad tropical.
Cuando la Suprema Corte —la de antes, no la del acordeón de ahora— desmontó por unanimidad aquella monstruosidad jurídica llamada “garante accesoria”, uno habría esperado consecuencias. Aunque fueran simbólicas. Una renuncia decorosa. Un funcionario apartado silenciosamente para fingir pudor republicano. Una disculpa institucional. Algo. Lo que fuera.
Pues bien, no ocurrió nada. La maquinaria de la 4T siguió funcionando exactamente igual.
Y eso vuelve todavía más grotesco escuchar a Claudia Sheinbaum exigir “pruebas” cada vez que un caso incómodo amenaza la narrativa oficial. Pruebas. Qué palabra tan curiosa en un país donde una mujer pasó 528 días presa sin que pareciera importar demasiado la ausencia de ellas.
¿Se las pidieron a Alejandro Gertz Manero cuando convirtió una tragedia familiar en una vendetta de Estado? ¿Se las pidieron a Ernestina Godoy cuando la Fiscalía capitalina defendía una acusación tan absurda que terminó pulverizada por once ministros de la Corte? ¿Se las pidió toda la maquinaria ministerial que decidió sostener un expediente delirante mientras una familia entera era triturada económica, mediática y emocionalmente? No.
Los cuates de la 4T que hoy rodean a Sheinbaum no le entregaron pruebas a Alejandra Cuevas ni a sus abogados. Le pidieron, en cambio, resistencia. Le pidieron aguantar. Le pidieron sobrevivir a un aparato diseñado para quebrar personas mientras los voceros del régimen hablan de “humanismo mexicano” entre aplausos, propaganda y spots gubernamentales pagados con dinero público.
En México, la carga de la prueba casi siempre recae sobre la víctima del poder, no sobre quien utiliza el poder para fabricar culpables.
Pero además apareció uno de los aspectos más obscenos del morenismo: lejos de enfrentar consecuencias, varios de los responsables prosperan políticamente.
Ernestina Godoy terminó instalada al frente de la Fiscalía General de la República. ¿Notan ustedes la podredumbre? La mujer encargada ahora de procurar justicia en todo el país pertenece exactamente al grupo político que convirtió una acusación imposible en una prisión real para una inocente. La ironía ya ni siquiera alcanza.
La titular de la FGR —la institución que debería perseguir abusos de poder— tendría que estar respondiendo penalmente por corrupción, abuso de autoridad y utilización facciosa de las instituciones.
Y Alejandro Gertz Manero, el hombre cuya vendetta personal destruyó 528 días de vida de Alejandra Cuevas, terminó premiado como embajador de México en Reino Unido, viviendo entre recepciones diplomáticas, cenas oficiales y protocolo londinense pagado con dinero de los contribuyentes cautivos que somos.
En cualquier democracia medianamente funcional, Gertz y Godoy estarían sentados ante fiscales y jueces. En la 4T, uno terminó sentado frente a embajadores y copas de vino. La otra procurando… “justicia”.
Pero todavía hay más. Porque el escándalo ya no es solamente judicial. También es diplomático.
¿Qué clase de política internacional acepta sin pestañear como representante oficial a un personaje asociado con una de las venganzas judiciales más infames del México contemporáneo? ¿Qué tan degradado está también el sistema internacional para normalizar estas cosas con absoluta tranquilidad burocrática?
El mensaje es devastador. Las autoridades de la cúpula del poder en México pueden fabricar presas políticas, destruir vidas, torcer el derecho y aun así seguir enviando elegantemente a sus operadores a Londres, Washington o París mientras la comunidad internacional sonríe diplomáticamente y mira hacia otro lado. Eso también es corrupción moral.
Y sí: los titulares de la SRE, de la FGR y de la embajada mexicana en Reino Unido tendrían que renunciar hoy mismo.
Pero no basta. Porque hay momentos en los que la dimensión del abuso rebasa por completo la discusión administrativa o política y entra en el terreno penal. Este es uno de ellos.
Porque encarcelar a una mujer inocente para satisfacer una vendetta personal no fue un “exceso”. No fue un “error de criterio”. No fue una “diferencia de interpretación jurídica”. Es abuso de poder. Es utilización facciosa del aparato del Estado. Es corrupción institucionalizada. Y los responsables de eso tendrían que enfrentar procesos penales y cárcel.
Sí: cárcel. La palabra que Alejandra Cuevas conoció demasiado bien mientras quienes la enviaron ahí seguían dando discursos sobre ética pública y transformación moral del país.
Ese es quizá el dato más devastador del caso Cuevas: el obradorismo no corrigió el viejo sistema; aprendió a utilizarlo con un cinismo todavía más hipócrita, porque además pretende hacerlo envuelto en superioridad moral.
El PRI robaba y abusaba mientras fingía eficiencia. La 4T roba legitimidad democrática mientras se proclama moralmente iluminada. Y esa combinación resulta infinitamente más tóxica.
Al menos el viejo priismo no necesitaba convertir cada abuso en sermón ético televisado. Morena sí. Necesita fingir pureza mientras fabrica presas políticas. Dan asco.
El caso Alejandra Cuevas ya no representa únicamente una injusticia personal. Representa a la presa política de la 4T. La mujer que el régimen mandó pudrirse en prisión mientras seguía dando clases de feminismo —ja—, derechos humanos y superioridad moral en conferencias internacionales.
Y por eso importa tanto lo ocurrido esta semana: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó formalmente al Estado mexicano la petición presentada por Alejandra Cuevas y su familia. México deberá responder ante el sistema interamericano. Ya no bastará el control narrativo de Palacio Nacional, ni los monólogos presidenciales, ni las granjas digitales, ni los influencers gubernamentales reciclados en inquisidores morales de TikTok.
Y eso es profundamente incómodo para el régimen. No porque la CIDH vaya a transformar mágicamente a México en un Estado de derecho. Tampoco porque el oficialismo vaya a experimentar una súbita conversión republicana. Seamos serios. La 4T se pasa la justicia por el arco del triunfo cuando la justicia amenaza a los suyos. Ahí están Segalmex, los sobres amarillos, los contratos opacos, los hijos incómodamente millonarios de la austeridad republicana, las fiscalías utilizadas como garrote político y las víctimas convenientemente ignoradas mientras el régimen sigue predicando pureza ética desde el púlpito mañanero.
Pero sí hay algo importante: resulta devastador obligar al Estado a dejar constancia escrita de sus evasivas.
Durante años, el caso Cuevas fue administrado mediante silencios, desgaste y propaganda. Ahora existe un expediente internacional donde México deberá explicar cómo encarceló a una mujer bajo un delito jurídicamente inexistente. Eso no borra el daño, pero sí lo encarece. Y también destruye el mito.
Y quizá ahí está el mayor mérito de Alejandra Cuevas: sobrevivió lo suficiente para documentar el funcionamiento real del régimen. Tal cual.
No se engañen: el caso Cuevas no fue una anomalía. Es una radiografía. La radiografía de la maquinaria de la venganza que recorre buena parte del morenismo.
Demostró cómo una fiscalía puede deformar el derecho para satisfacer al poderoso correcto. Cómo las instituciones protegen con mayor eficacia a quienes abusan de ellas que a sus víctimas. Cómo el aparato entero puede movilizarse para convertir una venganza personal en política de Estado.
Y luego fingir normalidad democrática frente a las cámaras internacionales mientras la diplomacia mexicana vende la imagen de un país progresista, feminista y comprometido con los derechos humanos.
La ironía final resulta casi pornográfica.
Mientras Alejandra Cuevas intentaba reconstruir su vida después de 528 días perdidos, el responsable político y moral de aquella maquinaria disfrutaba su retiro diplomático en Londres representando oficialmente a México ante uno de los sistemas jurídicos más antiguos y sofisticados del mundo.
Un país incapaz de garantizar justicia elemental exportando como diplomático al hombre asociado con una de las persecuciones judiciales más escandalosas del México reciente. También ahí hay una derrota moral.
La podredumbre no termina cuando un país fabrica injusticias. Continúa cuando el sistema político internacional decide convivir cómodamente con quienes las ejecutaron. Ese es el verdadero escándalo.
No solo que México produzca abusos institucionales. Sino que el obradorismo haya logrado algo todavía más perverso: convertir el abuso en virtud narrativa, la impunidad en lealtad política y la persecución institucional en espectáculo moral para consumo de sus fieles.
La injusticia favorita de la 4T no fue corregida. Fue protegida.
Y aun así, sobrevivió Alejandra Cuevas. La mujer que sobrevivió a la 4T. Eso es lo que verdaderamente no le perdonan.