“Se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”.
Louis D. Brandeis
Octavio Romero Oropeza aseguró este lunes que tiene cómo demostrar “lo poco” —más bien lo mucho— que posee. Explicó que sus terrenos fueron adquiridos hace décadas, que su casa de Tlalpan se pagó mediante un crédito y que los dos departamentos de 74 metros cuadrados no fueron comprados de contado. Después cerró con la divisa oficial del movimiento: “no somos iguales”. El director del Infonavit ofreció su versión desde la mañanera, aunque nadie se la había solicitado ahí…
Quiero hacerles notar que la frase importante no es “no somos iguales”, sino “tengo cómo demostrarlo”. Y la razón es esta: decir tener cómo demostrar algo NO equivale en automático haberlo demostrado ante una autoridad ni que esa autoridad lo haya verificado. Entre ambas cosas existe una distancia institucional enoooooorme. En la 4T, sin embargo, esa distancia se recorre con una declaración, una carta o, si el asunto se complica, una intervención desde Palacio Nacional.
Debo reconocer algo: Claudia Sheinbaum no se lavó las manos inmediatamente en el caso de Romero Oropeza. Cuando se supo que su declaración patrimonial había sido clasificada como confidencial, ordenó hacerla pública y modificar la disposición interna del Infonavit que permitía mantenerla reservada. Eso en mi opinión estuvo bien. La transparencia, incluso cuando llega forzada por una revelación periodística, siempre es mejor que la opacidad.
El problema viene después. Verán ustedes: la publicación de una declaración patrimonial permite conocer lo que el funcionario reportó; NO prueba que los bienes sean congruentes con sus ingresos NI explica las diferencias entre declaraciones, formas de pago y versiones anteriores o posteriores de esos informes. Transparentar los datos debía ser el comienzo de la revisión, no la conclusión. Pero en este caso resulta ser que está funcionando como cierre de toda discusión.
Ya lo había señalado en mi columna “Nosotros los nobles… de Morena”: una explicación interesada no debe convertirse en certificado de inocencia. Tampoco corresponde condenar a nadie sin pruebas. Entre creerle al funcionario y declararlo culpable existe una alternativa bastante mejor: INVESTIGAR. Mas al parecer, esa no se practica en la 4T...
Mark Bovens, estudioso muy reconocido de la materia de responsabilidad pública, define la rendición de cuentas como una relación en la cual el funcionario debe explicar y justificar su conducta ante una instancia capaz de interrogarlo, emitir una valoración y aplicarle consecuencias. Esta definición importa porque permite identificar lo que falta en cada caso. En este que menciono de Romero Oropeza hay información y explicaciones; no existe un órgano que cuestione, resuelva y, si corresponde, sancione. Tenemos los primeros minutos de la película y los créditos finales. La investigación fue retirada de la obra.
En el caso de Mara Lezama, esta reconoció haber utilizado aviación privada, pero sostuvo que los viajes personales y familiares fueron pagados con recursos propios. La investigación periodística documentó decenas de vuelos y el uso de aeronaves administradas por una empresa vinculada corporativamente con Seguritech, contratista del gobierno de Quintana Roo. Eso no demuestra por sí mismo que la compañía haya regalado los traslados ni que se utilizaran recursos públicos. Demuestra algo previo y a la vez suficientemente importante para iniciar una investigación seria y con carácter de urgente: allí hay una relación que amerita se esclarezca quién contrató, quién facturó y quién pagó.
Sheinbaum dijo entonces que “tiene que comprobarse que en efecto fue así”. Correcto. ¿Quién debe comprobarlo? ¿La Secretaría Anticorrupción, la contraloría estatal, una auditoría, la fiscalía? ¿En qué plazo? ¿Con qué documentos y con qué resultado público? Nada de eso fue precisado y, les garantizo, nada de eso se precisará.
El fin de semana, durante su gira por Quintana Roo y con Lezama presente, la presidenta recurrió a Morelos, prócer de la patria, para hablar de “moderar la indigencia y la opulencia”. La frase podrá haber marcado distancia política de la gobernadora; no abrió un expediente. Un sermón sobre la opulencia no permite saber quién pagó un avión.
Con Romero ocurrió algo semejante. Primero se ordenó divulgar su patrimonio. Después él informó que sus bienes proceden de 44 años de trabajo y explicó las fechas y condiciones de adquisición. Puede ser cierto. Precisamente por eso una comprobación institucional debería favorecerlo. Pero, hasta ahora, la información pública disponible no muestra que se haya iniciado una revisión patrimonial formal. El funcionario asegura que tiene pruebas; el gobierno no parece interesado en pedírselas. ¿Me explico?
Carlos Ulloa, director de Birmex, sigue el mismo itinerario. Tras conocerse que adquirió de contado dos departamentos por un valor conjunto de 22.4 millones de pesos, atribuyó su patrimonio a ingresos, ventas de inmuebles, ahorros y herencias acumulados durante 37 años. Sheinbaum dijo que la Secretaría Anticorrupción “puede” investigarlo. No que hubiera ordenado hacerlo ni que la dependencia hubiese iniciado procedimiento alguno: puede...
En el gobierno del “no somos iguales”, la rendición de cuentas ha ingresado al terreno de las posibilidades.
Evidentemente, no todos los casos tienen la misma naturaleza. No pretendo sugerir eso. El viaje de Andy López Beltrán a Japón entra, ante todo, en el terreno de la congruencia política. No se acreditó que hubiera utilizado dinero público y él afirmó haberlo pagado con recursos propios. Como dirigente de Morena, la consecuencia que correspondía discutir era partidista: si su conducta contradecía o no la austeridad que el movimiento exige a los demás. Sheinbaum respondió recordándole que “el poder se ejerce con humildad y sencillez”. Andy contestó que precisamente eso había aprendido desde niño. La coincidencia doctrinaria quedó restablecida… el hotel, también.
Mara, Romero, Ulloa y Andy no hicieron necesariamente lo mismo. Un posible conflicto de interés no equivale a una inconsistencia patrimonial, y ninguna de ambas cosas es idéntica a un viaje privado contrario al discurso de austeridad. Confundirlos sería intelectualmente deshonesto. Lo que los convierte en un fenómeno sistémico no es la conducta original, sino el procedimiento utilizado para neutralizarla.
El mecanismo ya es harto reconocible. Un medio publica información. Sheinbaum solicita una explicación, pide transparencia o pronuncia un reproche moral. El involucrado responde que todo fue pagado con recursos propios, proviene de una herencia, se adquirió antes de ocupar el cargo o aparece en alguna declaración. La respuesta ocupa titulares durante uno o dos días. Después, sin una resolución institucional que confirme o desmienta lo dicho, el asunto se considera aclarado. En la 4T los escándalos no se resuelven: caducan.
Este sistema tiene una ventaja para el régimen. Investigar obliga a concluir; explicar permite conservar la ambigüedad. Una revisión podría acreditar inocencia, detectar una omisión o confirmar una irregularidad. Cualquiera de esos resultados exigiría una decisión. En cambio, la explicación unilateral permite que cada audiencia conserve la versión que prefiera y que el gobierno continúe sin pagar los costos dentro de su propia coalición.
Así, la mañanera se ha convertido en ventanilla de denuncias, sala de aclaraciones y tribunal de absolución por falta de seguimiento. La presidenta decide quién debe explicar y cuándo una explicación resulta suficiente. Mientras tanto, las instituciones creadas para verificar patrimonio, conflictos de interés y responsabilidades administrativas permanecen como público respetable: observan, pero no intervienen.
No creo que Sheinbaum encubra todos los casos desde el comienzo. En ocasiones obliga a divulgar lo que sus funcionarios pretendían ocultar y marca una distancia que López Obrador rara vez aceptaba frente a los suyos. Pero también es cierto que se detiene justo donde la transparencia debería transformarse en rendición de cuentas y esta a su vez en responsabilidad. Abre la puerta, permite mirar y después evita que alguien entre a revisar.
Tomen nota: esta diferencia que describo es fundamental. Transparencia es conocer los bienes declarados por Romero. Rendición de cuentas es comprobar su evolución y resolver si existe alguna irregularidad. Transparencia es escuchar que Mara pagó sus viajes. Rendición de cuentas es examinar facturas, contratos, propietarios y relaciones con proveedores. Transparencia es que Ulloa detalle sus ahorros y herencias. Rendición de cuentas es que una autoridad coteje esa explicación con sus ingresos y declaraciones anteriores. Lo primero informa. Lo segundo obliga.
En la federación de impunidades que es Morena, las explicaciones cumplen una función de cohesión. Cada grupo conserva sus posiciones, sus aspiraciones y sus privilegios mientras proporcione una versión que permita superar el ciclo noticioso. La lealtad no exige inocencia demostrada; basta una aclaración políticamente utilizable. Es un pacto eficiente: nadie investiga demasiado a nadie porque todos podrían necesitar mañana la misma cortesía.
No todos hicieron lo mismo. A todos, sin embargo, se les ha aplicado hasta ahora prácticamente lo mismo: nada. Ninguna consecuencia administrativa para unos; ninguna responsabilidad política para otros. La “superioridad moral” de Morena ha terminado reducida a una peculiar garantía procesal: todo integrante del movimiento es inocente mientras pueda emitir un comunicado. La rendición de cuentas fue sustituida por una rendición de explicaciones que, a falta de verificación, termina convertida en desfile de justificaciones.
La transparencia permite que sepamos. La rendición de cuentas obliga a que algo suceda con aquello que sabemos. Bajo la 4T cada vez sabemos más: vemos los viajes, conocemos los patrimonios, identificamos los aviones y leemos las explicaciones. Lo único que nunca ocurre son las consecuencias. En la 4T, investigar es una posibilidad; explicar, una obligación momentánea; sancionar, un verbo que casi nunca abandona el tiempo condicional.
Giros de la Perinola
- Romero Oropeza dice que “no somos iguales”. En efecto: al ciudadano común el SAT no suele preguntarle si tiene cómo demostrar sus ingresos; le solicita los documentos. Mismo eso, si bien le va. Usualmente simplemente se le congelan sus cuentas.
- Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Anticorrupción puede investigar a Carlos Ulloa. Mmmmm… También puede no hacerlo….