“La decadencia de un régimen comienza cuando la sociedad deja de temerle y empieza a despreciarlo”.
Juan Linz, The Breakdown of Democratic Regimes
O también, para decirlo en lenguaje norteño y sin teoría política de por medio: el día que el acarreo ya no alcanza ni para llenar la foto, el poder empieza a oler a derrota.
La marcha convocada por Morena contra la gobernadora Maru Campos en Chihuahua fue un fracaso monumental. Prometieron más de doscientas mil personas. No llegaron ni a veinte mil. Y eso contando funcionarios, operadores, beneficiarios de programas y los inevitables “cooperados” que, según el diputado morenista Cuauhtémoc Estrada, reciben hasta 25 mil pesos por camión. Acarreo con factura moral incluida.
Pero el verdadero problema para Morena no es la cifra, es otro: el símbolo. Las marchas del oficialismo dejaron de parecer demostraciones de fuerza y empiezan a parecer evacuaciones administrativas.
Andrés Manuel López Obrador entendió algo que sus herederos políticos todavía no comprenden: el gran combustible emocional de México era el hartazgo contra la corrupción priista. Ese enojo movió elecciones, destruyó partidos y convirtió al obradorismo en una causa moral. El detalle incómodo es que, hoy, la indignación social no desapareció; simplemente cambió de destinatarios. El Morenarco.
Hoy lo que irrita a los mexicanos no es solamente la corrupción. Es la mezcla tóxica de impunidad, cinismo y violencia normalizada. La percepción de que el poder ya ni siquiera intenta guardar apariencias. La 4T prometió ser una ruptura ética y terminó sobrepasando aquello que juró sepultar, con peores modales y mayor soberbia.
Por eso fue tan reveladora la recepción contra Andy López Beltrán. Porque él representa exactamente aquello que el obradorismo prometió no convertirse: nepotismo, privilegio hereditario y opacidad patrimonial. No es su padre. Carece de su capacidad política, de su disciplina simbólica y hasta de su austeridad escénica –escénica, que conste–. Lo que sí heredó fue la lógica patrimonial del movimiento: el poder como asunto familiar.
Y luego está la escena que terminó de retratar el momento político: cerrar la puerta de la camioneta antes de que subiera la dirigente nacional de Morena. Algunos dirán que fue cobardía. Otros, simple mala educación. En realidad fue algo peor: arrogancia automática. Ese tipo de reflejos que aparecen cuando alguien ya se siente dueño del aparato.
A ello se suma otro detalle que en Chihuahua no pasó inadvertido. Hace apenas unas semanas, Andrea Chávez habló de “los chihuahuitas”. Puede parecer anecdótico en el centro del país. No lo es en el norte. Hay regiones donde el lenguaje importa porque la identidad regional importa. Y si algo detestan muchos chihuahuenses es el tono paternalista con el que desde la capital se les pretende explicar cómo deben vivir, pensar o defenderse.
Chihuahua vuelve a hacer lo que históricamente ha hecho: anticipar fracturas nacionales. Ahí comenzó buena parte de la resistencia contra el viejo presidencialismo priista. Ahí se incubaron rebeliones políticas antes de que el centro entendiera lo que estaba pasando. Y ahora vuelve a aparecer como laboratorio del desgaste morenista.
La narrativa oficial quiso presentar la marcha como una defensa de la soberanía nacional frente a la participación de agencias estadounidenses en información de inteligencia relacionada con narcotráfico. Pero la población entendió otra cosa. Entendió que estaban protestando porque se golpeó a estructuras criminales. Y hay algo que el centro político todavía no termina de comprender: en estados donde la violencia se vive todos los días, la población dejó de romantizar cualquier discurso ambiguo sobre el crimen organizado.
Los chihuahuenses no están discutiendo geopolítica. Están discutiendo supervivencia. Por eso respaldan a Maru Campos. No necesariamente por afinidad ideológica, sino por algo mucho más básico: la percepción de que existe voluntad de enfrentar a los grupos criminales. En política de seguridad, como escribió Max Weber, el Estado se define por el monopolio legítimo de la fuerza. El problema mexicano es que durante demasiados años amplias regiones sintieron que ese monopolio había sido cedido, negociado o simplemente abandonado.
Los casos de la familia LeBarón y de los sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui quedaron grabados en la memoria colectiva del norte. No solo por la brutalidad de los hechos, sino por la sensación de abandono posterior. El silencio, las evasivas y la narrativa de los “abrazos” terminaron erosionando algo más profundo que la aprobación presidencial: erosionaron la credibilidad moral del proyecto.
Y ahí está el verdadero problema de Morena. La credibilidad. Esa sustancia invisible que tarda décadas en construirse y minutos en pudrirse. ¿Cómo pedir austeridad mientras aparecen propiedades, viajes de lujo y contratos opacos? ¿Cómo hablar de rectitud cuando figuras como Enrique Inzunza evitan responder públicamente a señalamientos delicados? ¿Cómo sostener superioridad moral cuando cada semana aparece una nueva historia financiera incómoda? El régimen obradorista convirtió la congruencia en propaganda y la propaganda en sustituto de realidad. Incluso la información revelada sobre presuntos contratos de asesoría política ligados a Andy López Beltrán resulta políticamente devastadora no tanto por el monto, sino por el símbolo: el hijo del líder moral convertido en operador remunerado del partido-movimiento. La monarquía republicana mexicana ya ni siquiera intenta disimular.
Mientras tanto, Morena sigue cometiendo un error estratégico monumental: creer que cualquier crítica contra sus cuadros puede neutralizarse invocando la soberanía nacional. No entienden que, para millones de mexicanos, el verdadero problema de soberanía no es la DEA, la CIA o Washington. El verdadero problema es haber perdido territorios enteros frente al crimen organizado.
La gente no quiere narcos protegidos. No quiere políticos sospechosamente cercanos al poder criminal. Y mucho menos quiere movilizaciones para defenderlos disfrazadas de patriotismo. Por eso la marcha fracasó.
Porque Chihuahua entendió antes que otros estados algo fundamental: el oprobio social también es una forma de sanción política. Cuando un movimiento empieza a ser recibido con abucheos, rechazo y desconfianza, incluso fuera de los círculos opositores, deja de ser hegemonía cultural y empieza a convertirse en élite repudiada.
Apestados. Esa es la palabra incómoda.
No porque exista una condena judicial firme contra todos los señalados. No todavía. Sino porque políticamente comienzan a cargar el olor de aquello que destruyó al viejo PRI: la percepción social de impunidad estructural.
Y eso, una vez instalado, rara vez tiene regreso.
Giros de la Perinola
(1) La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los corruptos no pueden esconderse dentro de la 4T. Magnífica noticia. Entonces quizá sea momento de retirar escoltas políticas y empezar a responder preguntas incómodas. De vaciar al narcomovimiento.
(2) El diputado Cuauhtémoc Estrada admitió pagos de 25 mil pesos por autobús para la marcha. Morena le llama “cooperación”. El resto del país le llama exactamente como es: acarreo.
(3) Los productores del campo chihuahuense reportaron bloqueos para impedir el ingreso de más autobuses de movilización. No fue un acto partidista; fue una declaración cultural: “aquí no”.
(4) Las investigaciones financieras que avanzan en Estados Unidos contra distintos actores políticos ya no se concentran únicamente en seguridad. Siguen rutas patrimoniales, empresariales y familiares. El mensaje es claro: el dinero deja huellas aunque el discurso intente borrarlas.
(5) Y mientras Morena sigue creyendo que todo se resuelve con propaganda, Chihuahua acaba de recordarles una vieja verdad de la política mexicana: cuando el poder pierde legitimidad social, ni los camiones llenos alcanzan para ocultarlo.