“No hay tiranía más cruel que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”.
Montesquieu
Hay una transformación silenciosa que quizá sea más preocupante que cualquier escándalo aislado. En México ya no basta conocer los hechos para anticipar la reacción del poder. Con la 4T siempre primero hay que responder una pregunta previa: ¿quién los protagonizó?
A partir de esa respuesta, este gobierno determina todo lo demás.
Si el involucrado pertenece a la oposición, los hechos adquieren inmediatamente una dimensión moral. Se habla de traición a la patria, de atentados contra la soberanía, de intervención extranjera, de desafueros, de investigaciones y de responsabilidades ejemplares. El discurso oficial descubre, de pronto, una intransigencia jurídica admirable. La ley sí es la ley.
Pero si el protagonista es uno de los suyos, los mismos principios se vuelven sorprendentemente flexibles. Entonces aparecen los llamados a la prudencia, las explicaciones técnicas, las interpretaciones benévolas y las invitaciones a esperar antes de emitir cualquier juicio. La presunción de inocencia deja de ser un derecho constitucional para convertirse en un privilegio partidista.
Eso explica por qué el caso de Marina del Pilar Ávila trasciende por mucho la discusión sobre los audios difundidos en días recientes. La cuestión central ya no es únicamente qué dijo o con quién hablaba. Lo verdaderamente revelador ha sido la reacción del oficialismo.
Hace apenas unos meses, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue convertida por Morena en ejemplo de lo que consideraban una inadmisible subordinación frente a autoridades estadounidenses. La narrativa oficial hablaba de soberanía vulnerada, de injerencia extranjera, de posibles actos de traición y de juicio político sumario.
Hoy el discurso cambió.
Frente a conversaciones atribuidas a Marina del Pilar —cuya autenticidad ella misma reconoció en lo esencial al aceptar que sostuvo contactos para intentar resolver la cancelación de su visa estadounidense— el énfasis dejó de estar en el contenido de las conversaciones para concentrarse en otro asunto: quién grabó los audios, quién los filtró, si hubo espionaje y si su difusión constituye un delito. El petate del muerto, pues. Es la hipocresía funcional hecha sistema.
Y es encima un desplazamiento conocido.
En 2004, cuando René Bejarano apareció recibiendo fajos de billetes frente a una cámara, buena parte de la defensa consistió en discutir quién había obtenido el video y cómo había llegado a los medios. Dos décadas después, el libreto permanece prácticamente intacto. El problema deja de ser el contenido para convertirse en el origen de la evidencia.
En esta ocasión, Ricardo Monreal incluso osa recomendar a la gobernadora presentar denuncias penales por el espionaje del que, afirmó, habría sido víctima. Omar García Harfuch sostuvo que de las conversaciones conocidas no puede inferirse la entrega de información confidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió prudencia antes de sacar conclusiones.
Ninguna de esas posturas sería objetable si constituyeran un criterio permanente. El problema es que no lo son. Lo que cambia no son los principios. Cambian las personas.
No existen dos códigos Morena ha terminado construyendo dos códigos penales políticos. Uno severo para los adversarios y otro indulgente para los propios. En uno bastan los indicios para condenar públicamente. En el otro, ni siquiera los hechos admitidos justifican una investigación política de la misma intensidad.
No es una diferencia menor. Es una forma de ejercer el poder.
Cuando los estándares dejan de ser universales y comienzan a depender de la filiación política, la ley pierde su función igualadora para convertirse en un instrumento de administración del poder. Ya no importa tanto qué ocurrió. Importa quién estaba involucrado cuando ocurrió.
Lo más preocupante es la facilidad con la que conceptos que hasta ayer parecían irrenunciables —soberanía, intervención extranjera, traición a la patria— cambian de significado según el color del expediente. La soberanía dejó de ser un principio para convertirse en un argumento táctico. Se invoca cuando sirve para golpear a un adversario y desaparece cuando amenaza a un aliado.
Ese quizá sea el verdadero aprendizaje de esta semana.
No estamos frente a dos gobernadoras. Estamos frente a dos formas de administrar exactamente los mismos hechos.
Para unos, el dedo flamígero. Para otros, el beneficio de la duda. Para unos, la condena anticipada. Para otros, la comprensión institucional.
No existen dos códigos penales federales en la vida política del país, pero Morena lleva tiempo aplicando dos muy distintos.
Giro de la Perinola
Por cierto, cuando un gobierno dedica más tiempo a desacreditar al mensajero que a explicar el contenido del mensaje, casi siempre termina confirmando que el verdadero problema nunca fue la filtración, sino aquello que quedó grabado.