“Cuando el Estado teme a quien informa, deja de perseguir delitos para comenzar a administrar silencios”.
“La corrupción de un régimen comienza cuando la ley deja de proteger a los ciudadanos y empieza a proteger al poder”.
Friedrich Hayek
Esta vez tampoco fue un infarto, Rocío. Fue el Estado.
Durante semanas intentaron vender la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán como un episodio más, uno cualquiera, de la violencia que ha terminado por anestesiar al país. Pero los hechos fueron desmontando esa cómoda narrativa. Primero, una periodista desaparecida dentro de su propia casa. Después, una madre suplicando ayuda directamente a la presidenta de la República porque había dejado de confiar en las autoridades de Veracruz. Más tarde, la detención de un comandante y tres policías municipales de Ixhuatlán del Sureste por su presunta participación en el secuestro. Finalmente, la hipótesis de que la comunicadora habría sido entregada a un grupo criminal para ser asesinada, eso debido a sus reportajes.
Cada nueva revelación hizo más pequeña la versión oficial. Y más grande la responsabilidad del Estado.
Escandaloso no únicamente la brutalidad del crimen. También que México, lamentablemente, hemos aprendido a convivir con noticias que deberían indignar, antes que cualquier otra cosa, y luego paralizar a cualquier democracia.
Sigue siendo insoportable por parte de la 4T que, desde el primer momento, la reacción institucional no fuera proteger a la víctima sino proteger la narrativa del gobierno. Antes incluso de que concluyeran las investigaciones, la gobernadora Rocío Nahle descartó públicamente que la desaparición estuviera relacionada con el trabajo periodístico de Roxana. La prioridad parecía no ser encontrarla, sino impedir que Veracruz volviera a aparecer como un territorio hostil para ejercer el periodismo.
Lo vuelvo a decir: ese “gobierno” se preocupa más por controlar el relato que por esclarecer los hechos. Ha dejado de gobernar y se dedica a administrar reputaciones.
Por supuesto, después llegaron las detenciones (faltaba más, dado que mediaba un video nítido del hecho). Pero con ellas una preocupación imposible de esquivar: si quienes tenían la obligación constitucional de proteger a la periodista terminaron siendo, presuntamente, parte del grupo que la privó de la libertad, ¿cómo puede pretender el gobierno y el partido oficialista deslindarse de su responsabilidad política?
Por eso, no basta con decir que “serán castigados”. Eso se espera de cualquier fiscalía. Lo que se exige de un gobierno, en este caso el estatal y el municipal, es impedir que sus policías trabajen para el crimen organizado. Ahí radica la diferencia entre un Estado infiltrado y un Estado funcional.
La tragedia de Roxana también desnuda otra de las grandes contradicciones de la llamada Cuarta Transformación. Durante años se proclamó un gobierno feminista. “Llegamos todas”, repitieron una y otra vez. Pero esa consigna parece tener letra chiquita. Llegan todas… mientras no incomoden al poder. Mientras no investiguen. Mientras no cuestionen. Mientras no obliguen al gobierno a rendir cuentas. Cuando la víctima resulta ser una periodista crítica, la sororidad institucional desaparece con una velocidad sorprendente.
Los números retratan esa distancia entre el discurso y la realidad. Miles de mujeres son asesinadas cada año en México, mientras solo una fracción ínfima de esos casos termina siendo investigada como feminicidio. Decenas de miles denuncian agresiones, violencia familiar o abuso. Las campañas oficiales hablan de igualdad; las estadísticas hablan de impunidad.
Y cuando la violencia proviene de quienes cobran un salario público, ahí sí que la contradicción deja de ser retórica para convertirse en una crisis de Estado.
La muerte de Roxana no admite eufemismos. No basta con lamentarla ni con prometer investigaciones exhaustivas. La responsabilidad política comienza mucho antes del asesinato. Empezó cuando las autoridades minimizaron las denuncias. Continúa cuando desacredita a las víctimas. Se agrava cuando quienes portan un uniforme oficial terminan, presuntamente, colaborando con los criminales. Y alcanza su expresión más obscena cuando el silencio institucional pesa más que la vida de una periodista.
Por eso no, Rocío. No fue un infarto.
Es el derrumbe en una entidad donde el Estado prometió proteger a las mujeres, defender la libertad de expresión y recuperar la autoridad sobre sus policías. Ninguna de esas promesas sobrevivió al caso Roxana.
Ya es oficial el Estado dejó de ser en la práctica el dique de contención contra la violencia para convertirse en uno de sus instrumentos.
Giros de la Perinola
(1) La incongruencia no termina en Veracruz. Casi al mismo tiempo se difundieron videos donde Víctor Rodríguez Padilla aparece golpeando y tratando de estrangular a su esposa. La respuesta institucional resultó tan reveladora como el propio material: en lugar de una condena inmediata, llegaron comunicados burocráticos explicando tecnicismos sobre la formalización de su nombramiento. La violencia contra las mujeres volvió a convertirse en un problema de segundo plano.
El mensaje es devastador. Cuando las víctimas denuncian, encuentran procedimientos. Cuando los agresores pertenecen al poder, nos encontramos con explicaciones.
No se trata de exigir que la presidenta conozca la vida privada de cada servidor público. Se trata de demandar que un movimiento político que hizo del feminismo una de sus principales banderas deje de utilizarlo únicamente cuando le conviene.
Si un partido presume superioridad moral, también debe aceptar estándares morales superiores al momento de seleccionar, sostener o remover a sus funcionarios. No hacerlo convierte el feminismo en un simple accesorio de campaña.
(2) Mientras Morena presume que investigará a quienes aspiren a una candidatura para comprobar que no tengan vínculos con el crimen organizado, haría bien en ampliar el filtro. También debería preguntar cómo tratan a las mujeres dentro de su propia casa. Porque un golpeador no deja de ser golpeador cuando recibe un nombramiento público. La violencia doméstica no se lava con discursos sobre igualdad ni con conferencias matutinas. Si de verdad quieren convencer al país de que el feminismo oficial es algo más que un eslogan, empiecen por impedir que los agresores lleguen al gobierno. De lo contrario, “llegamos todas” seguirá significando exactamente lo contrario.
Ya sé, sueño.