El huachicol y el huachicol fiscal, exhiben la posible existencia de una red de intereses políticos, empresariales y criminales que habría encontrado en el Estado el vehículo perfecto para operar con impunidad. Y algo aún más grave, que el gobierno, en lugar de transparentar las investigaciones, parece decidido a administrar políticamente la información.
El caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, es el mejor ejemplo. Su detención y exhibición en la mañanera abrió un debate que las autoridades no han querido resolver con pruebas, sino con declaraciones, dejando la interrogante de si en realidad es uno de los responsables de la trama del huachicol fiscal o fue convertido en el rostro visible de una operación mucho más compleja, cuyos verdaderos beneficiarios permanecen intocables.
Una trama mayor
Para importar combustibles es indispensable contar con un Permiso Previo de Importación de Petrolíferos expedido por la Secretaría de Energía de los cuales actualmente existen apenas unas cuantas decenas vigentes. La cifra representa una reducción superior al 97% respecto de los autorizados al inicio del sexenio anterior. Esa concentración convirtió los permisos en un activo extraordinariamente valioso y, según actores del sector, propició un mercado de intermediación cuya operación nunca ha sido explicada con claridad.
Paralelamente, empresas con décadas de presencia en el mercado redujeron inversiones o cerraron estaciones de servicio y surgieron nuevas franquicias y marcas sin experiencia que rápidamente encontraron espacio en el multimillonario negocio.
Condena pública sin pruebas
En términos generales, el huachicol fiscal consiste en introducir combustibles al país utilizando fracciones arancelarias distintas para evadir impuestos, operación que requiere la presunta participación de funcionarios aduanales y operadores privados.
Denuncias sobre estas prácticas existen desde hace años, sin que las investigaciones hayan llegado hasta las estructuras que lo hicieron posible.
De ahí las dudas sobre el caso Ruffo. Diversas versiones sostienen que pudo haber participado mediante el arrendamiento de permisos de importación. Otras que habría sido incorporado a un esquema cuyos operadores reales siguen protegidos.
Pero la información judicial permanece reservada y lo que se conoce proviene de filtraciones, trascendidos y conferencias de prensa. Porque en México parece haberse normalizado que primero se condene en la mañanera y después se construya el expediente.
La plaza pública sustituyó al juzgado dejando la presunción de inocencia, un principio esencial de cualquier Estado de derecho, convertido en un obstáculo.
No sorprende, entonces, que 25 expresidentes y exjefes de gobierno integrantes del Grupo IDEA hayan denunciado una posible persecución política contra Ruffo Appel y lo consideren un preso político.
De inmediato la presidenta Sheinbaum rechazó la interpretación y sostuvo que se trata de un asunto penal, afirmando que existen pruebas suficientes y que hay que esperar el curso de las investigaciones.
Sin embargo, y a pesar de sus declaraciones, lo cierto es que el proceso apenas comienza y ninguna autoridad judicial ha emitido una sentencia.
Los verdaderos intocables
Pero, mientras el debate público gira alrededor de Ernesto Ruffo, el país sigue sin conocer quiénes diseñaron, financiaron, protegieron y enriquecieron el gigantesco negocio del huachicol fiscal.
Los operadores políticos, los funcionarios que autorizaron permisos, los responsables de las aduanas y quienes hicieron posible un fraude de miles de millones de pesos, continúan siendo intocables.
Si Ruffo Appel es culpable, deberá responder conforme al debido proceso, pero si sirve de trofeo político mientras los verdaderos responsables permanecen intactos, entonces no estamos frente a un acto de justicia, sino ante la simulación de un supuesto combate a la corrupción.
El contexto internacional añade un elemento más. Aunque el gobierno ha negado que existan presiones de Estados Unidos relacionadas con Rubén Rocha Moya, en la mañanera de ayer llamó la atención la pregunta de la periodista de Telesur, Alissia García, sobre la posibilidad de que Washington revisara las solicitudes de extradición presentadas por México, particularmente la de Francisco García Cabeza de Vaca. No es un nombre menor: Cabeza de Vaca fue el primer gobernador en denunciar ante el gobierno federal el crecimiento del huachicol, exhibiendo la red de protección política que lo alimentaba, y se enfrentó abiertamente a López Obrador desde la Alianza Federalista, cuestionando el centralismo presupuestal y la gestión de la pandemia. Ese historial convierte la narrativa oficial en algo más cercano a una vendetta política que a un expediente judicial sólido.
La respuesta de la presidenta no fue un mensaje de reciprocidad, sino una exigencia de cambio de fichas, un recordatorio de que, si México entrega a quienes reclama la justicia estadounidense, espera que Washington haga lo propio con las solicitudes de la FGR. El subtexto es transparente: no se trata de justicia, sino de intercambiar personajes útiles para los propósitos electorales del oficialismo, y en esa lógica la figura de Cabeza de Vaca vuelve a colocarse en el centro de una disputa donde lo que importa son más las tensiones políticas que la solidez jurídica de los casos.
En los próximos días, veremos si la presidenta envió un mensaje de intercambio a Washington, si Ruffo Appel realmente tendrá un proceso justo o si estamos ante el entramado que protege a los verdaderos orquestadores del huachicol fiscal.
Al final, el Estado de derecho no se mide por detenciones espectaculares ni por el impacto de la narrativa de las mañaneras. Se mide por su capacidad para investigar sin distingos, llegando hasta las redes de poder que hicieron posible el delito y aplicando la ley sin importar el cargo, el partido o la cercanía con el gobierno.
X: @diaz_manuel