“¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor?”
Intocable
Claudia Sheinbaum presentó el Paquete Económico 2027 y, casi en el mismo acto, anunció a Intocable para la celebración del 15 de septiembre. Debo reconocer la delicadeza temática: pocas veces el cartel del Zócalo había explicado con tanta precisión la política fiscal de un gobierno. Intocables son Pemex, las transferencias políticamente rentables, la informalidad y el derroche; tocables somos quienes trabajamos, facturamos, declaramos y todavía cometemos la imprudencia de pagar impuestos.
En México, cumplir se convirtió en castigo. Los cautivos fiscales trabajamos para sostener las clientelas de la 4T, mientras el gobierno tolera una informalidad gigantesca y dilapida lo recaudado en caprichos faraónicos y barriles sin fondo. El nuevo pacto fiscal es perversamente sencillo: quien cumple, paga; quien permanece invisible, escapa; quien gobierna, reparte y dilapida.
El Paquete Económico no modifica el modelo que produjo el problema; intenta mantenerlo vivo UN AÑO MÁS. Más dinero para programas sociales electoralmente explotables —clientelares, pues— y otro rescate para Petróleos Mexicanos, mientras Hacienda promete disciplina, crecimiento, inversión, medicinas, educación, seguridad y, seguramente, buen clima para el desfile...
Édgar Amador debe tranquilizar a las calificadoras y evitar que la deuda mexicana se aproxime al basurero financiero; Morena necesita llegar a las elecciones de 2027 con su maquinaria de transferencias intacta. Para conciliar ambos propósitos, la SHCP convirtió al contribuyente formal —particularmente a las pequeñas y medianas empresas— en variable de ajuste. No es una reforma fiscal: es una reforma contra los cautivos fiscales.
El presupuesto propone gastar 10.63 billones de pesos y obtener ingresos presupuestarios por 9.15 billones. Los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia del déficit— ascenderían a 1.56 billones, equivalentes a 3.9% del PIB, mientras la deuda pasaría de 54% a 55% del producto. Aun así, la presidenta asegura que “no se está endeudando al país”. Eso sí: solicita autorización para contratar hasta 1.7 billones de pesos de deuda interna y 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa. Si eso no es endeudarse, debe de ser una nueva modalidad del ahorro con intereses…
El costo financiero alcanzaría 1.57 billones de pesos: 4% del PIB y 11.8% más en términos reales. Equivale a una cuarta parte de TODA la recaudación tributaria y a una vez y media la INVERSIÓN física. Uno de cada cuatro pesos recaudados no financiará medicinas, escuelas ni carreteras; pagará el precio de haber gastado ayer lo que Morena vuelve a prometer hoy.
Hacienda calcula que la recaudación tributaria crecerá 5.9% real hasta alcanzar el máximo histórico de 15.9% del PIB. Para lograrlo, el ISR deberá aumentar 7.2% y el IEPS, 10.5%, aunque hasta julio la recaudación del primero venía cayendo 6% real. La fuente de ingresos que este año falla será la encargada de obrar el milagro el próximo. Todo cabe en un presupuesto sabiéndolo proyectar.
Como el secretario de Hacienda no es Harry Potter, el prodigio dependerá de cobrarles más a quienes ya de por sí pagan. No habrá “nuevos impuestos”, repite Sheinbaum, aunque se pretende limitar las deducciones empresariales a 96.67% de los ingresos acumulables, restringir las correspondientes a intereses, permitir la amortización de pérdidas únicamente hasta la mitad de la utilidad y eliminar el régimen opcional para grupos de sociedades. No aumentan las tasas; solo reducen aquello que puede deducirse. Técnicamente no es un impuesto nuevo. Prácticamente es pagar más. La semántica también recauda.
Las grandes empresas cuentan con ejércitos de fiscalistas, financiamiento y capacidad para litigar. Una Mipyme tiene poco flujo de caja, crédito caro y márgenes estrechos. Limitar sus deducciones puede obligarla a pagar ISR sobre una utilidad que existe en la declaración, pero que todavía no entra a su cuenta bancaria. La 4T promete ayudar al pequeño negocio con una mano y con la otra le revisa los bolsillos.
El SAT afirma que 60.7% de 524 mil empresas con ingresos positivos no pagó ISR. Ajá. Tener ingresos no equivale a obtener utilidades, y registrar pérdidas o deducciones tampoco demuestra evasión. Puede haber costos, intereses, inventarios, depreciaciones y pérdidas acumuladas legítimas. Convertir a todo contribuyente que no paga ISR en sospechoso es más sencillo que investigar cuál defraudó al fisco. También bastante más rentable.
Por supuesto que las factureras deben perseguirse. El SAT reporta haber bloqueado desde 2024 a más de 38 mil empresas que emitían comprobantes por operaciones ficticias, pero realizó apenas unas dos mil auditorías a quienes los compraron. Para 2026 programó revisar a mil 200 grandes contribuyentes, apenas 6.3% de ese universo. No sostengo que deban auditar a todos; observo únicamente que el entusiasmo fiscalizador se vuelve mucho más expansivo cuando desciende hacia los pequeños.
La respuesta gubernamental es inconfundiblemente 4T: como el Estado no logra distinguir con eficacia una operación real de una simulada, restringe ambas. En vez de localizar al defraudador, castiga preventivamente al universo de contribuyentes. El verdadero incumplido es el gobierno, pero la multa nos corresponde a nosotros.
Mientras alrededor de 55% de la población ocupada permanece fuera de la formalidad laboral y, en buena medida, del ISR, las cuotas de seguridad social y la fiscalización directa, Hacienda concentra la presión sobre quienes ya tienen RFC, nómina, facturas, cuenta bancaria y domicilio localizable. Al informal no consigue encontrarlo; al formal lo encuentra hasta debajo de las deducciones.
Ahora Sheinbaum propone una Ley de Economía Digital para reducir gradualmente el uso de efectivo. La trazabilidad puede ayudar a combatir la evasión, pero una ley no produce por decreto bancarización, internet, terminales, competencia financiera, seguridad ni confianza institucional. Digitalizar el pago tampoco formaliza mágicamente una actividad económica. La informalidad no existe por amor al papel moneda, sino por miedo al costo de existir ante el gobierno.
No todos los trabajadores informales forman parte de una clientela ni toda transferencia compra un voto. Conviene decirlo. Mas también resulta imposible ignorar que Morena convirtió los programas sociales en patrimonio electoral y protege su rentabilidad política aun cuando ello obliga a sacrificar capacidad productiva, servicios públicos o inversión futura. Según Macario Schettino, el gasto en desarrollo social crecerá más de 450 mil millones de pesos, mientras el destinado al desarrollo económico se contraerá casi 200 mil millones. Se reparte el fruto al tiempo que se debilita el árbol.
La inversión física subirá en 2027, pero el propio horizonte de Hacienda anticipa que descenderá de 2.6% del PIB a 1.8% en 2028 y a 1.5% en 2032, mientras las pensiones continuarán creciendo. La inversión vuelve a ser la variable sacrificable. Prometen crecimiento reduciendo precisamente aquello que podría producirlo y sustituyéndolo por transferencias que producen votos. “Economía del bienestar”, le llaman; bienestar del partido, significa.
Pemex figura con más de 255 mil millones de pesos entre las prioridades de inversión y recibirá, además, una transferencia federal de 81 mil millones. Antes se limita la deducción de una empresa productiva que revisar el dogma petrolero. La petrolera dejó de ser pozo: es un barril sin fondo al que los cautivos fiscales debemos seguir arrojando dinero para que el nacionalismo tenga dónde hundirse.
No soy ave de mal agüero; leo los números. Si la recaudación no crece el 5.9% real o la economía no alcanza el 2%, el gobierno tendrá tres salidas: (1) aumentar el déficit y la deuda, (2) recortar durante el ejercicio la inversión y los servicios públicos o (3) exprimir todavía más a los contribuyentes formales, empujando a algunos hacia la informalidad. Los programas electoralmente sensibles, desde luego, no se tocarán en vísperas de elecciones.
El Paquete Económico no es una solución, sino una apuesta para comprar otro año de tranquilidad: Hacienda aparenta responsabilidad ante los mercados mientras Morena conserva la irresponsabilidad que le resulta rentable en las urnas. El 15 de septiembre, Intocable preguntará en el Zócalo: “¿Y todo para qué?”. La respuesta está en el presupuesto: para que el gobierno compre presente y el país herede los intereses. Todo para ellos. La factura, como siempre, para nosotros.
Giro de la Perinola
Enrique Inzunza abandonó la bancada de Morena, pero votó con Morena. La independencia le duró exactamente hasta que tuvo que levantar la mano. Todo el montaje consistió en separarlo del logotipo sin separarlo de la mayoría: Morena no lo expulsó, simplemente tercerizó su voto. En la 4T hasta la dignidad se maneja por outsourcing.