“La democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones”.
Adam Przeworski, Democracy and the Market
El colmo del INE sería que, después de exigir la salida de Guadalupe Taddei, tuviéramos que salir a defenderlo de quienes consiguieran sustituirla. Que nuestra indignación sirviera para desalojar una oficina y entregarle las llaves al régimen. Que al terminar de celebrar una renuncia descubriéramos que habíamos asistido al último acto de una autonomía ya de por sí bastante malherida. Que se eche a Taddei para recibir a un “Bartlett” cualquiera: alguien dispuesto a administrar la voluntad del poder donde debería protegerse la del ciudadano. Que el diario Reforma haya “trabajado” para Morena. Que celebráramos haber quitado a una presidenta del INE y advirtiéramos demasiado tarde que el régimen había aprovechado para quitarnos el derecho efectivo a quitarlo. A México le han cobrado demasiadas veces esa distracción: mirar quién se va y olvidar quién se queda con todo.
Quiero que Taddei deje la presidencia del órgano. Quiero investigaciones que alcancen a sus colaboradores y proveedores, responsabilidades individuales y, donde se acrediten delitos, cárcel, reparación del daño y las sanciones correspondientes. Una renuncia no devuelve dinero ni extingue responsabilidades. Pero tampoco devuelve independencia. Ahí empieza el problema que la conversación pública está dejando para después, como si después todavía fuéramos a disponer de las mismas posibilidades de impedirlo.
El 20 de octubre escribí en La coartada se llama Taddei que su gestión podía volver “políticamente aceptable desarmarlo”, en referencia al INE. La advertencia no consistía únicamente en señalar relaciones empresariales y nombramientos cuestionables. Era más amarga: el oficialismo podía beneficiarse de una autoridad cercana y aprovechar después su descrédito para quitarle controles al organismo. La cercanía rendía por ambos extremos. Mientras servía; cuando estorbaba.
Antes, el 12 de septiembre, en es “Clarísimo… el regaño fue para Clara”, interpreté el episodio del lila como una señal de las disputas del oficialismo por la sucesión. El color no probaba un acuerdo con Brugada; permitía discutir algo mayor: la diferencia entre un árbitro independiente y uno involucrado, siquiera por sus señales, en las querencias del poder. Hoy la pregunta se vuelve más sombría: ¿se quiere recuperar su imparcialidad o asegurar que ninguna lealtad escape de la lealtad principal?
Las revelaciones recientes justifican una investigación exhaustiva. Reforma reportó presuntas irregularidades en contratos por 514 millones de pesos vinculados con empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas. La ASF anunció una investigación de oficio por indicios de irregularidades, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Conviene precisar la cifra: corresponde a contratos señalados en la investigación periodística; no equivale, por sí sola, a un desfalco personal de Taddei judicialmente acreditado. La gravedad alcanza para exigir cuentas sin inventarle una sentencia.
También alcanza para observar la súbita coincidencia de voces que habitualmente defienden al oficialismo. Federico Arreola reclamó el 24 de octubre la destitución y responsabilidades ante fiscalías y tribunales. Sheinbaum había pedido auditorías y transparencia, aunque dejó la renuncia como decisión personal. Ramírez Cuéllar sostuvo después que renunciar no bastaría y planteó revisar las contrataciones del sistema electoral. Hay una convergencia pública. Yo leo en ella un nado sincronizado; demostrar quién dio la salida exigiría evidencia adicional. Lo inquietante es hacia dónde puede conducir la competencia por llegar primero...
No voy a confundir a los reporteros que documentaron los vínculos con quienes ahora encuentran utilidad política en las revelaciones. Tampoco tengo cómo afirmar que el gobierno produjo las filtraciones... Mi inquietud no depende de probar una conspiración perfecta. Basta advertir que un escándalo verdadero puede utilizarse para una operación de sometimiento igualmente verdadera. Descubrir corrupción no garantiza que quien capitaliza el descubrimiento quiera una institución honesta. Puede querer una institución SUYA.
Por eso me niego a aceptar la disyuntiva que comienza a prepararse: tolerar a Taddei para conservar lo que queda del INE o expulsarla y resignarnos a su entrega definitiva. Ninguna ciudadanía tendría que escoger entre un órgano constitucional desacreditado y un árbitro enteramente subordinado. La exigencia debe abarcar las dos cosas: responsabilidades para quienes incurrieron en faltas y garantías de independencia para quienes ocupen sus cargos. Si solo conseguimos cambiar nombres, el poder podrá presentar como saneamiento lo que termine siendo una ocupación.
El relevo tampoco es una abstracción. La Constitución coloca la elección de la presidencia del INE en la Cámara de Diputados, mediante un procedimiento que exige dos tercios de los presentes. Palacio no tiene la facultad de nombrarla directamente. Sí tiene un interés político evidente en quién llegue, y la mayoría oficialista tendrá un papel decisivo en ese proceso. Exigir una renuncia sin escrutar simultáneamente las reglas, los perfiles y los compromisos del reemplazo sería entregar un cheque en blanco precisamente a quienes debemos vigilar.
Ni siquiera basta con encontrar una biografía presentable. Importa qué facultades conservará la nueva presidencia del INE, cómo se designará a su equipo y quién podrá contradecirla. Una persona sin escándalos puede resultar perfectamente funcional a una estructura de obediencia. El expediente limpio sirve de poco si la condición para ocupar el puesto es no incomodar nunca a quien gobierna. La captura más duradera puede llegar con excelentes modales y una declaración patrimonial impecable…
Claudia Sheinbaum tiene responsabilidad propia en lo que venga. Su deber no termina en reclamar que desaparezcan las sombras de corrupción. La prueba será si su gobierno y su mayoría permiten una autoridad capaz de investigar a Morena, sancionarlo y reconocerle una derrota (spoiler: la respuesta es no). Si aprovechan la caída de Taddei para reducir esa capacidad, la presidenta será instrumental en la destrucción de la autonomía. No habrá heredado simplemente una institución deteriorada: habrá contribuido a inutilizarla como límite al poder.
Aquí encaja La Dictadura Imperfecta. Sostuve en esa columna que Morena ha mostrado mayor disposición para desmantelar capacidades y contrapesos que para construir instituciones que funcionen. El caso del INE permite advertir una variante especialmente perversa: que el deterioro de una gestión termine convertido en argumento para profundizar el deterioro institucional. Se desacredita al custodio y se aprovecha el descrédito para quedarse con aquello que debía custodiar. Al ciudadano le dejan el consuelo de haber tenido razón sobre el primero…
Y lo que está en custodia es nuestra capacidad de sacar del gobierno a quienes ya no queramos en él. Przeworski colocó la derrota electoral de los partidos en el centro de su definición de democracia. La pregunta decisiva para México es brutalmente sencilla: si Morena pierde, ¿seguirán existiendo autoridades dispuestas y capaces de hacer valer esa pérdida? Una institución electoral demuestra su independencia cuando sus decisiones le cuestan al poder, no cuando éste elogia su profesionalismo.
Por eso temo un escenario de fraude de gran escala. No afirmo conocer un plan ya acordado; advierto el riesgo de construir las condiciones para ejecutarlo. Una autoridad sometida puede tolerar ventajas ilícitas, demorar investigaciones, aplicar criterios selectivos y debilitar la vigilancia mucho antes de la votación. Si además fallan los contrapesos judiciales, se estrechan las vías para corregir esos abusos. El fraude puede prepararse mientras todavía se anuncian elecciones competitivas.
El INE no tiene un interruptor para cambiar a voluntad millones de votos: existen funcionarios de casilla ciudadanos, representantes partidistas, actas, observadores y mecanismos de impugnación. Precisamente por eso importa conservar cada defensa. La captura no hace inevitable el fraude; vuelve más difícil detectarlo, frenarlo y sancionarlo. Esperar a que se materialice una maniobra gigantesca para discutir quién controla al árbitro sería llegar cuando las garantías ya estuvieran siendo utilizadas contra nosotros.
El riesgo tampoco consiste únicamente en que Morena invente una victoria después de perder. Consiste en que vaya reduciendo, mediante abusos tolerados y controles debilitados, la posibilidad efectiva de perder. Y en que una derrota real encuentre instituciones menos capaces de reconocerla. Podemos terminar conservando las urnas, las campañas y el calendario mientras desaparece, decisión tras decisión, la posibilidad de alternancia. ¡Qué desolación!: votar para enterarnos de que nuestro voto ya solo tiene permiso de confirmar…
No propongo salvar a Taddei. Exijo que su salida, si ocurre, no compre impunidad para ella ni obediencia para su reemplazo. Hay que vigilar las designaciones, preservar al personal profesional, defender las capacidades de fiscalización y exigir decisiones públicas que puedan ser revisadas. La responsabilidad debe seguir a quienes cometieron las faltas; la independencia debe permanecer en la institución. Ninguna de esas exigencias estorba a la otra. Ambas estorban al reparto.
Una democracia puede sobrevivir a una funcionaria indigna. Lo que no sobrevive es perder la posibilidad de despedir a sus gobernantes.
Giro de la Perinola
“París bien vale una misa”, la frase atribuida a Enrique IV. “Siempre tendremos París”, el consuelo de Casablanca. “París a tus pies, chamaquito”, las palabras de Hernández Casillas al hijo de Taddei en el video difundido por Latinus.
Falta esclarecer quién pagó el viaje y con qué recursos. La familiaridad entre el proveedor y la familia de quien preside el organismo contratante ya está a la vista. En México, hasta para asomarnos a París acabamos esperando una auditoría.